Los promotores podrán legalizar 18.000 viviendas en Marbella a cambio de suelo
El nuevo PGOU deja sin normalizar 752 casas pendientes de la decisión de los tribunales
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella contempla un sistema de normalización que permitirá legalizar 18.000 viviendas que infringen la normativa urbanística construidas durante los años de Gobierno del GIL. Para ello, los promotores de estas casas deberán compensar al Ayuntamiento con la entrega de suelo -1.879.904 metros cuadrados en total- que será destinado a equipamientos y espacios libres. No podrán acogerse a este sistema 752 viviendas con licencia ilegal que ocupan suelos estratégicos y cuyo futuro decidirán los tribunales.
La consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Concha Gutiérrez del Castillo, que presentó ayer el documento, aseguró que este sistema "permite recuperar a Marbella lo que se la había robado". Durante el proceso de redacción del PGOU, el responsable de la oficina de planeamiento de la Junta en Marbella, José María Ruiz Povedano, se ha reunido con los promotores que tenían viviendas con problemas de legalidad para fijar la compensación correspondiente en cada caso, y que como término medio es de 104 metros cuadrados de suelo por casa construida.
Los promotores dispondrán de un plazo de dos años desde la aprobación definitiva del PGOU para entregar al Ayuntamiento los suelos compensatorios. Para la Junta, este sistema permite una "solución proporcionada" al problema de las construcciones ilegales de Marbella y garantiza que no se exoneran los deberes urbanísticos.
La compensación depende en cada caso del tipo de infracción y de los suelos ocupados. Todas estas viviendas fueron construidas con licencia municipal que los distintos gobiernos del GIL otorgaron en contra de las determinaciones del vigente PGOU, y que motivó que la Junta impugnara en 11 años más de 400 permisos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Cuando hace dos años el equipo redactor del nuevo PGOU presentó el documento de avance, estimó que durante el gilismo se habían construido en la ciudad unas 30.000 viviendas ilegales. Luego, el examen in situ de cada licencia ha permitido comprobar que 11.368 de las autorizadas por el Ayuntamiento no se han construido. 3.953 fueron paralizadas al acatar sus promotores las órdenes cautelares del TSJA, y otras 7.415 no llegaron a iniciarse. Estos suelos se incorporan ahora el nuevo plan de ordenamiento.
El nuevo PGOU deja sin posibilidades de legalización 752 viviendas que, según la consejera de Obras Públicas, son "incompatibles con el modelo de ciudad", por estar en áreas estratégicas, ocupar el litoral o estar ubicadas en zonas de fuertes carencias de equipamientos. Aproximadamente la mitad están habitadas y la inmensa mayoría se concentran en las promociones Banana Beach y Golf Río Real. El Tribunal Supremo ya ratificó la ilegalidad de estas licencias y la Junta ha pedido al TSJA que dictamine cómo debe ejecutarse la sentencia y si deben ser demolidas.
La consejera de Obras Públicas resaltó que la "principal virtud del plan es que se consiguen espacios verdes y equipamientos para todos los barrios y todos los vecinos, repartidos por todo el territorio sin que estén concentrados en un solo espacio".
Gutiérrez del Castillo resaltó que con el nuevo PGOU Marbella recupera "sus pulmones y órganos vitales" y se situará entre las mejores ciudades de Europa. El plan prevé más de 3,8 millones de metros cuadrados de nuevos espacios libres y zonas verdes, de forma que se superarán los cinco millones en total, con una ratio de 60 metros cuadrados por habitantes, cantidad que según la Junta es comparable a la de Londres. De las 11.707 hectáreas del término municipal, 4.742 se declaran de especial protección.
En Marbella existen actualmente 50.735.286 metros cuadrados de suelo urbano, y el PGOU pone en uso otros 15,8 millones en ocho años, un crecimiento del 31,2% (la ley autonómica andaluza permite un máximo del 40%). Además de los 3,8 millones para espacios libres, otros 2,3 millones se destinan a equipamientos públicos. La inversión global que se derivará del PGOU se estima en 2.250 millones de euros.
El plan prevé la construcción en los próximos ocho años de 27.643 nuevas viviendas en la ciudad, de las que 10.178 serán de VPO (el 36,8%).
En manos de Muñoz
La suerte que correrá el PGOU de Marbella elaborado por la Junta de Andalucía está en manos de quien desde el próximo día 16 será su alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), que tanto ha cuestionado la política urbanística de la Administración autonómica en la ciudad.
La Junta, que hace un año retiró las competencias de planificación urbanística al consistorio, pudo hacer la aprobación inicial hace una semana, pero según la consejera de Obras Públicas, prefirió esperar para "no perturbar el proceso electoral". Ayer anunció que el próximo día 18, una vez constituido el nuevo Ayuntamiento, devolverá las competencias urbanísticas. Ángeles Muñoz decidirá entonces si asume el PGOU elaborado por el equipo del urbanista Manuel González Fustegueras, o lo cambia antes de aprobarlo inicialmente.
Muñoz dijo ayer que antes de tomar una decisión debe conocer en profundidad el plan y se comprometió a actuar con "responsabilidad y seriedad".
La última palabra siempre corresponderá a la Junta, que es la competente para la aprobación definitiva de los planes urbanísticos de las grandes ciudades.
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