Tan denostadas, tan necesarias

Las diputaciones provinciales viven, probablemente, sus horas más bajas. Lejos de consolidarse en el panorama institucional español, el desarrollo autonómico ha relegado a los gobiernos provinciales a un papel secundario. En Andalucía, tanto IU como PA abogan por su desaparición y el impulso de las comarcas, una figura que ya está regulada en 12 comunidades. Socialistas y populares defienden su continuidad por su labor de cooperación con los ayuntamientos (en especial con los más pequeños), aunque tampoco hacen guiños al desarrollo estatutario de las mancomunidades, áreas metropolitanas y consorcios. La profesora Mayte Salvador Crespo, de la Universidad de Jaén, resalta el "papel de primer orden" de las diputaciones como entes de intermediación política y de coordinación administrativa entre los municipios y las comunidades autónomas. "La atomización municipal se combate con la intermunicipalidad y ninguna institución ha demostrado por el momento su eficacia y su implantación en el territorio como las diputaciones", añade.

El Estatuto de Autonomía encomienda a las diputaciones funciones de "asesoramiento, asistencia y cooperación con los municipios, especialmente los de menor población". Sin embargo también deja abierta la puerta para que el Parlamento regule por ley la creación de comarcas.