La herida abierta

El Consejo de Ministros concedió ayer un ascenso honorífico (es decir, sin consecuencia económica alguna) a los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42. Este mediodía se celebrará un homenaje ante la escultura que recuerda a los militares que han perdido la vida en operaciones de paz, en el madrileño barrio de Moncloa, ante el Cuartel General del Aire. El pasado 17 de abril se inauguró un monumento en Zaragoza, donde estaban destinados 21 de los fallecidos, y está previsto construir otro similar en la base de Castrillo del Val (Burgos). Comunidades y ayuntamientos de procedencia de los militares, salvo Madrid, los han declarado hijos predilectos o adoptivos.

En noviembre de 2005, las familias vivieron la etapa más dolorosa de su interminable calvario: tras las exhumaciones ordenadas por la juez, se comprobó que 30 cadáveres, todos los que los forenses turcos entregaron sin identificar, fueron identificados erróneamente. En nueve casos no se pudo subsanar el error, pues habían sido incinerados.

Sin embargo, los objetivos por los que, el 14 de junio de 2003, se creó en Zaragoza la asociación de familiares están lejos de haberse cumplido. Pacho González Castilla, presidente de la asociación, agradeció ayer los ascensos, pero agregó que "el mejor homenaje que se les puede hacer [a los 62 fallecidos] es conocer toda la verdad".

El juzgado civil de Zaragoza ya resolvió, en febrero de 2006, que el vuelo incurrió en graves irregularidades y que el Yak-42 nunca debió haber despegado, por lo que condenó a las compañías implicadas a indemnizar a las familias con casi 10 millones de euros, pendientes de abonar.

En cambio, el proceso está encallado en la Audiencia Nacional. La primera juez instructora, Teresa Palacios, se negó a admitir la denuncia de las familias y sólo lo hizo por orden de la Sala de lo Penal.

El nuevo instructor, Fernando Grande-Marlaska, ha sido recusado por la asociación, pero con tan poco éxito que la Audiencia Nacional, el pasado día 16, no sólo se negó a cambiar al juez, sino que le impuso 300 euros de multa, por apreciar mala fe en la atribución al magistrado de animadversión hacia la causa de las familias.

La última decisión de Grande-Marlaska ha sido rechazar como testigos al ex ministro José Bono y al jefe de los forenses turcos Keramettin Kurt, quien declaró a un diario de su país que "un viceministro y dos generales españoles" le presionaron en 2003 que ocultara la verdad.