Agendas cruzadas

Como era previsible, la campaña de las elecciones municipales y autonómicas no se está ocupando tan sólo de los problemas específicos de los 8.000 ayuntamientos y de las 13 comunidades que renovarán su composición en las urnas el 27 de mayo; la proximidad de las legislativas, que se celebrarán como muy tarde en marzo de 2008, hace inevitable que las agendas de las dos convocatorias se crucen y confundan. Aunque las organizaciones locales y regionales de los partidos sigan dedicando sus esfuerzos a elogiar a los candidatos propios y a deslegitimar a los adversarios, la irrupción del presidente del Gobierno y del líder del principal partido de la oposición en la refriega desvía forzosamente los debates hacia cuestiones de orden general, a costa de que los oradores repitan un día tras otro parecidos argumentos ante diversas audiencias. Ese fervor mitinero proyectará menos interferencias en las tareas cotidianas de Rajoy como líder de la oposición que en los compromisos oficiales de Zapatero como jefe del Ejecutivo, obligado de manera preferente a cuidar del buen funcionamiento de la maquinaria administrativa y a resolver los dilemas más apremiantes de la política interior y exterior del Estado.

El presidente del PP ha dejado en la nevera -al menos por ahora- las reticentes insinuaciones y las acusaciones con sordina dirigidas contra el Gobierno por ocultar supuestamente la verdad sobre la matanza de Atocha. Es probable que las semanas transcurridas del juicio oral del 11-M hayan mostrado a los dirigentes populares la imposibilidad de seguir dando respaldo a las disparatadas conjeturas fabricadas por los animosos propaladores de la teoría de la conspiración -atrincherados en el diario El Mundo y la Radio de los Obispos- con ánimo de dejar indefinidamente abiertas las dudas sobre la autoría del crimen y de continuar atribuyendo la matanza a una conjura organizada por ETA, innominados servicios de inteligencia extranjeros y policías españoles conchabados con los socialistas. Pero la ridícula obstinación de negar que la carnicería de los trenes de la muerte fue planeada y ejecutada -con dinamita comprada en Asturias- por un grupo de yihadistas suicidados en Leganés, dados a la fuga o sentados en el banquillo, resulta ya demasiado cómica para que un señor serio de provincias -como se autodefine Rajoy- esté dispuesto a compartir esa vergüenza con Ramírez y Jiménez.

En cambio, la rumoreada reanudación de los contactos del Gobierno con ETA (negada por el presidente Zapatero) y la luz verde dada por la fiscalía general y la abogacía del Estado a la presencia en los comicios municipales de un centenar largo de candidaturas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) -aliada desde 1978 a 2001 con Batasuna y presumible continuadora en fraude de ley de sus actividades- ha permitido a Rajoy teñir la campaña municipal con la sangrienta cuestión sobre la que ha girado casi desde comienzos de la legislatura su labor opositora. Roto por los populares el acuerdo de "eliminar del ámbito de la legítima confrontación electoral las políticas para acabar con el terrorismo" (como establece el primer punto del Pacto por las Libertades firmado en diciembre de 2000 por los dos partidos), las críticas de Rajoy contra Zapatero han aumentado de tono desde la ruptura el pasado 30 de diciembre de la tregua de ETA.

El presidente del Gobierno, por su lado, pretende combatir la abstención y movilizar al electorado socialista; pese a las tentativas de Zapatero para imponer su propia agenda, el fragor de la batalla retórica desencadenada por los populares no se lo permite siempre. Además de las importantes normas de alcance general aprobadas durante esta legislatura (como las leyes de dependencia y de igualdad), tampoco faltan las conexiones específicas de la labor del Ejecutivo con los problemas municipales y regionales. Las reformas estatutarias emprendidas por buena parte de las trece comunidades autónomas (Valencia, Aragón y Baleares disponen ya de un nuevo Estatuto) cuyos parlamentos serán renovados el 27-M fueron activamente apoyadas por el Gobierno socialista. Y la Ley del Suelo aprobada por las Cortes puede ser un instrumento para frenar los desastres medio-ambientales y acabar con la corrupción que la planificación urbanística y la construcción inmobiliaria han sembrado en los ayuntamientos.