Interior atribuye la mediación para atajar el acoso laboral a los mandos policiales

El protocolo contra el acoso laboral que ha elaborado la consejería de Interior evita que la investigación de las denuncias por esta causa salga del seno de la propia estructura policial. Si la normativa que afecta al resto de la Administración remite la investigación a Función Pública, pero permite a los sindicatos disponer de un miembro en la comisión correspondiente, el protocolo para la Ertzaintza deja la mediación en manos de los propios mandos policiales. Si esta intervención no funciona, evita las miradas ajenas atribuyendo a Asuntos Internos el cierre del caso. El protocolo fue presentado tras el recurso del sindicato policial Erne a la exclusión de la Ertzaintza de la normativa general.

El protocolo contra el mobbing, que Interior pretende tramitar como orden del consejero, Javier Balza, tiene 12 páginas y prevé poner en marcha un "plan de formación general" en la policía vasca para la "prevención del acoso laboral y sexual en el trabajo", como adelantó este periódico. El objetivo de esa formación preventiva, que Interior quiere impartir a 400 mandos intermedios, es ayudar a los futuros mediadores a "identificar las situaciones de acoso laboral y sexual" y "conocer el procedimiento a seguir en dichos casos", según el borrador, que todavía se halla en discusión con los sindicatos, al que ha tenido acceso este periódico. "Debe ser atajado sin contemplaciones", recoge el documento, que invoca directivas comunitarias y orientaciones contra el mobbing de la Organización Internacional del Trabajo.

La Ertzaintza ha registrado en los últimos años serias denuncias de acoso laboral o sexual en unidades como Juego, Policía Científica, Brigada Móvil o en comisarías como las de Erandio y Gernika. En algún caso, como la denuncia de una ertzaina de la Brigada Móvil, que ganó en los tribunales, se registraron presiones de jefes policiales para evitar que el caso acabara primero ante el juez y después en la prensa. El acoso sexual ha sido finalmente eliminado del documento inicial.

Un informe de Osalan sobre un caso de acoso registrado en la unidad de Policía Científica en mayo de 2006 ya criticaba a Interior porque "no se había realizado una evaluación de riesgos psicosociales" ni "un protocolo para la prevención de efectos derivados de los riesgos psicosociales", como viene exigiendo en el comité de Salud Laboral el sindicato Erne. Entre sus recomendaciones de carácter preventivo en el análisis de dicho caso, apuntaba en primer lugar: "Debe hacerse una evaluación de riesgos psicosociales", lo que Erne volvió a trasladar cuando presentó el pasado 23 de abril a Interior sus alegaciones a dicho protocolo.

Este ejemplo de acoso, analizado por Unai Olaizola en su informe de la unidad de Salud Laboral de Osalan, resulta paradigmático para el sistema que Interior pretende implantar. Dicho informe ya indica que "las diversas instancias" a las que se dirigió el denunciante, "fundamentalmente mandos de la División u otras personas responsables de la organización, no han dado una respuesta (al menos conocida para quien esto firma), que dirima el conflicto o al menos asesore a los ertzainas del camino a seguir para obtener una respuesta".

El protocolo contra el acoso elaborado por la Dirección de Recursos Humanos de Interior, que encabeza Juan María Barasorda, pretende convertir a los mandos policiales en agentes mediadores ante la denuncia de casos de acoso. Los jefes de unidad, tras la formación específica para atajar estas situaciones, serán los "mediadores".

Plazos

Si el acosador es el jefe de unidad, el mediador será el director de la Ertzaintza. Si el acosador es el jefe de la Dirección de Inspección General (Asuntos Internos), encargada de tramitar la denuncia si finalmente fracasa la mediación, el encargado de la misma será el viceconsejero de Seguridad. Los expertos consultados por este periódico recomiendan que este tipo de mediaciones las realicen personas independientes, sin interferencias en la organización que se va a investigar y con poder de decisión.

Los tiempos previstos en el protocolo son perentorios: el mando policial convocará una reunión entre las partes dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia, ampliable un máximo de otros 10 días "si existen causas que aconsejen" esa ampliación. En 15 días, el mando propondrá una actuación concreta, que será comunicada a Asuntos Internos.

Si cualquiera de las partes rechaza la mediación o las medidas propuestas, "toda la documentación" será remitida al jefe de Asuntos Internos para que la incorpore a la "investigación iniciada" y será la encargada de "depurar las posibles responsabilidades disciplinarias".