El 'informe De Mera' está en el sumario tal y como se redactó, según sus autores

La historia de la denuncia del supuesto informe manipulado para eliminar los vínculos entre ETA y el 11-M llegó ayer a su fin y ha dejado en una dificilísima situación al ex director general de la Policía, el hoy eurodiputado del PP Agustín Díaz de Mera. Los dos autores del documento, jefes de las dos secciones de ETA de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), confirmaron que "no existe ningún informe que vincule a ETA con el 11-M". Además, aseguraron que el informe que elaboraron se hizo "sin recibir directriz ni presión alguna" y que está incluido en el sumario "tal y como se hizo desde el principio". Es decir, sin manipulación alguna y descartando absolutamente cualquier relación entre los atentados en los trenes y la banda terrorista vasca. Los autores, el supuesto manipulador y su presunta fuente ya han asegurado en la sala que lo que Díaz de Mera dijo al tribunal no es cierto.

El eurodiputado había asegurado, primero en la Cope y luego en el juicio que una fuente honorable y fiable le había asegurado que el citado informe había sido alterado. El fin de esta alteración habría sido, dijo, destruir las pruebas y líneas de investigación que establecían esa conexión. No obstante, se negó pertinazmente a facilitar el nombre de su fuente, lo que le valió una multa de 1.000 euros por desobediencia grave al tribunal y la apertura de un nuevo proceso.

La tesis de Díaz de Mera comenzó a desmoronarse de inmediato. Días después de ser multado, el ex director general aseguró que los autores eran un hombre y una mujer, pero que el resultado había desagradado al entonces comisario General de Información, Telesforo Rubio, que a su vez habría ordenado borrar los vínculos entre ETA y el 11-M al jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) José Cabanillas. A su vez, identificaba a su fuente como Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO).

Pero después de ayer, Díaz de Mera ya ha sido negado tres veces. El primero en hacerlo fue su supuesta fuente, que aseguró en la sala que "jamás" había contado a su ex jefe "algo que no era verdad". El segundo, José Cabanillas (que con la de ayer ya ha comparecido media docena de veces), subrayó que ni le constaba presión alguna ni él la hubiera permitido.

Los dos autores se sentaron ayer en la sala y fueron tajantes. "El informe no se hizo para descartar la relación de ETA con el 11-M si no para ver si existía". "Lo encargó el comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI)", es decir, Domingo Pérez Castaño, que ha negado por escrito la supuesta manipulación y, además, en contra de lo que aseguró el eurodiputado, no fue trasladado al País Vasco tras su negativa, sino que está en una comisaría de Madrid. Es más, agregaron, el informe no pudo ser alterado para eliminar los vínculos entre la masacre y los etarras "porque no existe ni un solo dato objetivo sobre esos vínculos". Los peritos, además, aseguraron que para dicha elaboración no recibieron "directriz, ni presión ni nada, sino sólo analizar de manera meticulosa" los indicios publicados por los teóricos de la conspiración sobre los, según los agentes, inexistentes vínculos entre el atentado y la organización terrorista vasca. "El informe se mantiene como se hizo desde el principio", subrayó el hombre que lo firma para zanjar la cuestión. Incluso se les preguntó si los indicios sostenidos por los citados conspiranóicos daban para un informe o una investigación. El mismo perito insistió: "En la Comisaría General de Información nunca se hace un informe basado en elucubraciones. Y confirmo que no existe ningún informe que vincule a ETA con el 11-M".

Lo que queda por saber es el futuro de Díaz de Mera. La Eurocámara ya recibió hace dos semanas el escrito de la Audiencia Nacional en el que se le solicita que confirme la condición de eurodiputado del ex director general de la Policía. Mientras, varios de los policías aludidos por su ex jefe esperan los movimientos del tribunal para iniciar acciones legales contra De Mera, ya que al menos dos de ellos han sido acusados de delitos graves, como la falsificación documental.