Dos leyes, dos estilos, dos modelos

La gestión educativa del popular Francisco Camps ha cabalgado en la última legislatura entre dos consejeros, dos estilos -por no decir dos políticas y dos maneras de gestionar- que se han mostrado casi antagónicos tanto en la forma como en el alcance; y dos reformas educativas de enfoque radicalmente opuesto: la derogada Ley de Calidad de la Educación (LOCE) del anterior Gobierno de Aznar y la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) del Gobierno socialista de Zapatero que se estrenará en septiembre. Y como hilo conductor de todas las promesas del PP durante tres legislaturas figura el Mapa Escolar, bautizado en 1997 por su predecesor en la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, que prometió 277 construcciones escolares, y que heredó y refundió Camps bajo la marca CreaEscola programando 424 actuaciones hasta 2010, por 1.293 millones de euros, avalados en parte por un crédito del Banco Europeo de Inversiones.

VENTA DE SUELO PÚBLICO Barracones y obras escolares

Este punto es donde quizá el programa electoral del PP ha encontrado más dificultad a la hora de venderlo, aplicarlo y ejecutarlo. Tanto en lo verbal, como en la capacidad práctica de llevarlo a cabo por la falta de suelo público escolar para los nuevos colegios. Un problema más acuciante si cabe en las tres capitales de provincia en manos del PP, donde los alcaldes han hecho de la reclasificación o la venta de suelo público de más de 500.000 metros cuadrados un negocio para los promotores de los Planes de Actuación Integral (PAI) y, por ende, para las empresas privadas de educación que han levantado colegios donde había programado en el Mapa Escolar un centro público. El último balance de construcciones escolares de la Federación de Padres concluye que del primer plan aún faltan 27 centros, mientras que el CreaEscola marcha a un ritmo del 50%, muy inferior al que asegura la consejería al afirmar que ya hay 228 centros en alguna fase de ejecución de obras.

PRIVATIZACIÓN Incremento de conciertos

No obstante, la venta de suelo escolar no es privativa de los alcaldes. La pretensión del primer consejero del ramo, Esteban González Pons (ahora al frente de Territorio y Vivienda) de vender el solar de la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia de propiedad municipal para pisos de renta libre con el objetivo de financiar "la construcción de más plazas en centros concertados" fue el detonante que marcó el principio del fin de la estela del bautizado "consejero de la sonrisa". En agosto de 2004, Camps puso al frente de la consejería a uno de los gestores procedentes de la cantera centrista fichado por Zaplana, Alejandro Font de Mora. Éste recogió una Administración educativa paralizada, sin protocolo de negociación con los sindicatos de la mesa sectorial, con el recrudecimiento de la polémica lingüística por la denominación de la lengua, un Consell sin liquidez en caja, y un elevado endeudamiento de la empresa pública de construcciones escolares Ciegsa que sólo en sobrecostes acumuló a finales de 2005 una deuda de 1.800 millones de euros más de lo previsto, según la Sindicatura de Greuges. Mientras, la inversión pública en conciertos educativos creció en el mismo periodo un 46%. Un gasto fijo en conciertos que ronda los 600 millones y, de consumarles la extensión a los Bachilleratos y la subvención de 60.000 plazas de guardería prometida por el PP, se disparará, dejando una pesada herencia al candidato que resulte vencedor el 27-M.

DÉFICIT DE SERVICIOS Entre el fracaso y el cambio

"El desmantelamiento de la red pública de plazas de infantil de 0 a 3 años en Valencia capital, se reproduce los grandes núcleos urbanos gobernados por el PP", según el último informe de escolarización de CC OO. "En Valencia, sólo hay tres escoletes para cubrir las necesidades de 850.000 habitantes". El resto, es privado o subvencionado. Hay barrios como Ciutat Vella donde "sólo existe un centro público con línea en valenciano para todo el distrito". El resto, el 88% de la oferta del distrito centro de la capital es privada-concertada. A ello se suma la falta de "servicios educativos básicos para las familias": comedor escolar, apertura anticipada y flexible de los centros para adaptarse a los horarios laborales, falta de servicios complementarios y deportivos, de profesores y aulas de apoyo para los alumnos con más dificultades de aprendizaje.

La radiografía del sistema educativo muestra, según los autores del Manifiesto por una más y mejor educación, una red pública "debilitada" y desarticulada frente a una privada blindada por decretos que protegen su nutrida matrícula sin control alguno que le impida seleccionar al alumnado, cobrar por ofrecer un servicio subvencionado, dejando para la pública la matrícula de inmigrantes o hijos de familias desestructuradas. Ante este escenario, la oposición en bloque del PSPV, EU, Bloc y ERPV, los sindicatos mayoritarios de la enseñanza CC OO, STEPV y UGT y la asociación de estudiantes FAAVEM y la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya -firmantes del Manifiesto que contiene los ejes del programa de gobierno de la izquierda- concluyen que "en cinco años la Comunidad Valenciana ha pasado a liderar el incremento de fracaso escolar en España, alcanzando el 34,1%". Esto significa que uno de cada tres alumnos valencianos termina la secundaria sin obtener el graduado escolar. "Ante el fracaso escolar, cambio de rumbo", proponen.