El Ayuntamiento de Málaga impugna la valoración en 42 millones del suelo que quiere proteger en Gibralfaro

El Ayuntamiento de Málaga va a recurrir en la vía de lo contencioso administrativo la valoración en 42,1 millones de euros que han realizado los propietarios de los suelos en el Monte Gibralfaro que quiere obtener para incluirlos en un plan de protección y evitar así que sean urbanizados. Se trata de tres parcelas que suman 18.076 metros cuadrados de superficie en las faldas del emblemático monte malagueño, una de ellas del presidente de la promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, imputado de cohecho en el caso Malaya. Todo este suelo está calificado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente de sistema general, tipificación que obliga al consistorio a compensar a los propietarios.

En principio, el equipo de Gobierno se inclinó por recalificar los terrenos en el nuevo PGOU, de forma que se permitiría a los propietarios ciertas construcciones de baja densidad.

Pero el consistorio se topó con una doble contestación. Por un lado la de los mismos propietarios de los suelos, que entendían que si se les compensaba el suelo como sistema general obtendrían mayores beneficios, y pidieron que, en todo caso, se les compensara en otros suelos en la ciudad. Esta segunda opción resultaba prácticamente inviable, porque el valor del metro cuadrado en el Monte Gibralfaro es muy superior al que puede alcanzar el suelo en las nuevas zonas de expansión de la ciudad, por lo que el consistorio debería entregarles mucha más superficie.

Y también se opusieron a la recalificación colectivos vecinales que han venido protagonizado movilizaciones para exigir la preservación de los espacios que quedan libres en el Monte Gibralfaro, uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.

Finalmente, el equipo de gobierno ha optado porque en el nuevo plan los suelos de Gibralfaro se mantengan como sistema local con el propósito de elaborar un plan para la protección del paraje.

Pero los propietarios han exigido unas compensaciones que el consistorio entiende desorbitadas. Por su parcela de 8.992 metros cuadrados, Aifos pide 21,3 millones de euros. El propietario de 6.042 metros cuadrados en el Camino de la Desviación exige 16,7 millones de euros, y el de 3.042 metros cuadrados en Monte Sancha reclama 4,1 millones.En total, 24,1 millones de euros

El concejal de Urbanismo, Juan Ramón Casero, estima sin embargo que la compensación que correspondería debería estar en torno a los 3,5 millones de euros. Casero reconoció que el procedimiento que se inicia con los recursos es "muy largo", puede acercarse a una decena de años hasta que haya sentencia firme, y de "resultado incierto".

El junta de gobierno municipal también aprobó ayer recurrir la valoración realizada por los propietarios de otra parcela de 8.800 metros cuadrados en el Castillo de Santa Catalina, en Miramar, que reclaman 34,2 millones de euros.