Barberá permitirá construir pisos sobre suelo escolar para pagar una sentencia

Un grupo empresarial logrará 50.000 metros cuadrados de edificabilidad en tres parcelas

El Ayuntamiento de Valencia, que preside Rita Barberá, ultima una operación urbanística por la que recalificará tres parcelas reservadas a colegios en los distritos de Campanar y Rascanya para que un grupo empresarial levante viviendas de renta libre. Con la pérdida de ese suelo y una edificabilidad de 50.000 metros cuadrados que reportará sustanciales beneficios a los empresarios, el gobierno popular prevé pagar indirectamente la indemnización de 31,2 millones de euros a que fue condenado junto a la Generalitat en un largo proceso judicial con ocho escuelas religiosas.

Un grupo empresarial ha asumido la indemnización acordada por los tribunales y pagará a los colegios los 31,2 millones de euros a cambio de la recalificación de 55.462 metros cuadrados de suelo sobre los que logrará unos 50.000 de edificabilidad. La operación dejará así el coste de repercusión del suelo en 620 euros por metro cuadrado de techo, un precio tres veces inferior al de mercado. En la zona de Campanar los pisos construidos alcanzan los 3.800 euros el metro cuadrado de techo, por lo que los terrenos moverán un volumen de negocio de unos 150 millones de euros, a los que el futuro promotor deberá descontar lo invertido en la indemnización y el coste de construcción sobre un suelo barato. Un negocio muy lucrativo que no bajará de los 60 millones de euros.

El Consistorio, fuertemente endeudado, afirma que no hay otra salida para hacer frente a las indemnizaciones, que achaca "a una metedura de pata del PSOE" cuando redactó el plan general urbano (PGOU) en 1988. El documento grafió las parcelas que ocupaban ya entonces ocho colegios religiosos -Maristas, Escolapios, las Esclavas y el centro Jesús María, entre otros- como suelo educativo privado y las congregaciones defendieron que se les privaba de su posible derecho a una edificabilidad residencial en el terreno que rodea los centros en caso de que algún día cesaran su actividad. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano les dio la razón sobre el fondo del asunto y el Supremo confirmó el fallo en 1999. No fue hasta abril de 2006 cuando el TSJ determinó la cuantía de la indemnización y acordó que el pago lo compartirían la Generalitat y el Ayuntamiento, que será al menos de momento la Administración que hará frente con su patrimonio a la condena.

En una moción que firma el teniente de alcalde, Alfonso Grau, y que se trató en la Junta de Gobierno Local del pasado 11 de mayo, se propone dar vía libre a la operación acordada con el grupo empresarial, cuyos integrantes no se citan, para liquidar la deuda con los colegios y renunciar al último recurso planteado en el Supremo. Durante el proceso, la Generalitat ha emitido dos resoluciones en las que afirma que no necesita "en la actualidad" las parcelas escolares, ya cedidas por el gobierno local. Para cerrar la operación urbanística, la concejalía de Urbanismo prepara una modificación del PGOU para desafectar las parcelas del uso escolar y permitir las viviendas.

Sobre la firma

Redactora de Internacional. Trabaja en EL PAÍS desde 1993, donde ha pasado también por la sección de Última Hora y ha cubierto en Valencia la información municipal, de medio ambiente y tribunales. Es licenciada en Geografía e Historia y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS, de cuya escuela ha sido profesora de redacción.

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