El fiscal se opone al archivo del caso de las casas ilegales de Catral
El fiscal de Medio Ambiente de Alicante, Juan Carlos Carranza, ha rechazado la petición del alcalde de Catral, el ex socialista José Manuel Rodríguez Leal, de archivar la investigación judicial abierta sobre la construcción de 1.200 casas en suelo no urbanizable del término del municipio y sin licencia. El regidor, que opta a la reelección en este caso encabezando una candidatura independiente, está imputado en el sumario por los supuestos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. En la causa también están imputados cuatro promotores. El primer edil y los contratistas comparecieron ante la juez a principios del pasado mes de febrero.
La investigación judicial está pendiente ahora de la resolución de la juez instructora, Natividad Navarro, titular del Juzgado número 5 de Orihuela, sobre la petición de la acusación particular, la Asociación Europea de Usuarios y Consumidores de Urbanismo (AECU), de ampliar la imputación a todos los concejales de la junta local de gobierno del Consistorio (cuatro ediles) que autorizó las licencias para construir las casas y otros 20 promotores, entre ellos, la hermana, el cuñado y el sobrino del alcalde. Éstos, a través de una promotora familiar, la firma Grufade, ha levantado un gran número de casas ilegales, según ha admitido el propio Rodríguez Leal.
Honorio Fernández, presidente de AECU, aseguró ayer que recurrirá a la Audiencia de Alicante si la juez decide finalmente no imputar a los concejales de la junta local de gobierno, "porque son tan responsables del delito de prevariación como el alcalde". La mayoría de las licencias otorgadas el Ayuntamiento fueron para obras menores (vallados y refugios de labor), aunque en realidad los promotores levantaron viviendas unifamiliares, que luego pusieron a la venta entre clientes extranjeros.
Concierto previo
Por otro lado, el regidor de Catral presentó ayer en la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante el documento de concierto previo aprobado el pasado día 9 por el pleno de la corporación para legalizar las 1.200 levantadas en la huerta del municipio. El documento prevé recalificar 4 millones de metros de suelo rústico para levantar unas 10.000 casas en los próximos 20 años y, paralelamente, incluye la protección de otros dos millones de suelo en el perímetro de protección del parque natural de El Hondo. El acuerdo del pleno se produjo a las puertas de las elecciones municipales del 27 de mayo y pese a que el Consell mantiene suspendidas las normas urbanísticas del municipio desde el 3 de octubre de 2003 para frenar la construcción de casas ilegales.
Rodríguez Leal ha justificado la iniciativa en la necesidad de dar respuesta a la demanda de la Consejería de Territorio y Vivienda en ese sentido. El documento legaliza las casas minimizando su impacto y agrupándolas en 32 núcleos.
