El único acusado por el incendio de 1994 en el Bages exculpa a Fecsa y dice que la línea estaba perfectamente

A punto de cumplirse 13 años de uno de los mayores incendios forestales ocurridos en Cataluña, ayer se inició en la Audiencia de Barcelona el juicio por los hechos con un solo acusado en el banquillo. Se trata de Llorenç Villalonga, responsable del mantenimiento y conservación de la línea de Fecsa-Endesa a su paso por el municipio de Gargallà, donde se inició el fuego. El acusado declaró que la línea cumplía la normativa, había sido revisada unas semanas antes del fuego y descartó que fuese el motivo del siniestro.

El fiscal no acusa a Villalonga, pero las 11 acusaciones particulares le reclaman entre uno y tres años de cárcel por imprudencia temeraria con resultado de incendio, indemnizaciones de más de 36 millones de euros y que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de la compañía.

Con todo, el fiscal explica en sus conclusiones provisionales que el fuego se inició sobre las doce de la mañana del 4 de julio de 1992 por "un incorrecto funcionamiento" de la línea eléctrica al caer "material incandescente" sobre los rastrojos de los campos segados y prendieron con gran rapidez por el viento y las altas temperaturas.

Las llamas se extendieron rápidamente y afectaron a los términos de Montmajor, Viver i Serrateix, Espunyola, Sagàs, Navès, Cercs, Olvan, Puig-reig, Santa Maria de Merlès, La Quar, Avià, Montclar y Lluçà. Ardieron 25.776 hectáreas. De ellas, 16.823 de superficie forestal y las otras 8.943, agrícolas. El incendio no se extinguió hasta al cabo de 16 días y causó la muerte de tres personas. Los daños y pérdidas se calcularon en 144 millones de euros y las tareas de extinción costaron otros 19 millones.

Villalonga también declaró que la Dirección General de Industria de la Generalitat avaló el buen estado de la línea, y los testigos que acudieron al lugar donde empezó el fuego relataron que la línea desprendía chispas, pero que no estaban presente

s al iniciarse el fuego. El guardia civil que realizó el informe no visitó la zona hasta al cabo de 40 días.