Saura insiste en que el Gobierno trabaja sólo con la hipótesis de que el Estatuto es constitucional

El consejero de Interior, Joan Saura, rechazó ayer que el Gobierno catalán esté esperando un recorte del nuevo Estatuto de autonomía por el Tribunal Constitucional. Al revés, insistió en que la Generalitat trabaja sólo con la hipótesis de la plena constitucionalidad del Estatuto y se dedica intensamente a desarrollarlo, como hizo ayer mismo al enviar al Parlament el proyecto de ley que, en aplicación de la reforma estatutaria, amplía las funciones del Consejo Consultivo de la Generalitat y lo convierte en Consejo de Garantías Estatutarias. El grupo parlamentario de CiU pidió que este proyecto sea dictaminado por una ponencia conjunta.

"No hay ningún plan B en el Gobierno, sino que el plan a, b, c y d es desplegar el Estatuto", respondió Saura cuando fue preguntado por esta cuestión en la conferencia de prensa en la que dio cuenta de los acuerdos tomados por el Gobierno en su reunión de ayer. Saura actuaba como portavoz del Gobierno y como tal destacó que en cinco meses se habrán aprobado tres de las leyes de desarrollo básico del Estatuto que competen exclusivamente al Parlament.

El Consell Executiu remitió al Parlament en febrero el proyecto de ley de la Agencia Tributaria catalana; ayer hizo lo propio con el proyecto de ley de Consejo de Garantías Estatutarias y en las próximas semanas tiene previsto aprobar el proyecto de ley del Presidente y el Gobierno. Eso significa, dijo Saura, que antes de fin de año Cataluña "habrá hecho sus deberes" en el desarrollo institucional básico del Estatuto. Y en cuanto al traspaso de competencias, afirmó que la Comisión Bilateral Estado-Generalitat cerrará en las próximas semanas algunas ponencias que los preparan.

El consejero aseguró, además, que el desarrollo del Estatuto se está llevando a cabo "con una rapidez importante" porque expresa voluntad del presidente José Montilla. "El presidente tiene más convicción que yo en la necesidad de desarrollar con fuerza el Estatuto", afirmó.

Tanto Montilla como Saura han rechazado repetidamente en los últimos meses emitir el mensaje de que el Gobierno catalán está esperando que el Tribunal Constitucional atienda los recursos presentados por el PP. Ni siquiera se han prestado a hablar de esta eventualidad como un temor. A su juicio, eso equivaldría a dar por sentado que el Alto Tribunal va a plegarse a la fuerte campaña lanzada por el PP desde el primer día contra la reforma del Estatuto catalán, del que ha predicado que "rompe España". En una conferencia dictada el 13 de abril en Madrid, el presidente Montilla respondió a las insistentes preguntas sobre un plan B para el caso de una eventual revocación del Estatuto por el Tribunal Constitucional, que "aunque las sentencias siempre se acatan, Cataluña no va a renunciar a sus objetivos de fondo".

Montilla defendió en aquella conferencia que las aspiraciones de Cataluña "son posibles en el marco del Estado de las autonomías y de la Unión Europea" y rechazó especular sobre una reforma de la Constitución si el Tribunal Constitucional recorta el Estatuto. Sostuvo que de este asunto sólo hay que hablar si realmente está "en el escenario".

Esta posición, no obstante, ha sido erosionada por el ex presidente Pasqual Maragall cuando hace dos semanas afirmó que los objetivos perseguidos con la reforma del Estatuto peligran, precisamente, porque no ha ido acompañada de la reforma del artículo segundo de la Constitución para fijar la diferencia entre nacionalidades y regiones.