Bermejo afirma que el PP le prohibió indagar el 'caso Tamayo'

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aseguró ayer en un mitin que, siendo él fiscal jefe de Madrid en 2003, le prohibieron investigar el caso Tamayo -la fuga de dos diputados tránsfugas socialistas que impidieron un Gobierno del PSOE en la Comunidad de Madrid-. Bermejo no precisó quién dio la orden de no investigar, aunque sólo tenía facultad para hacerlo el entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, nombrado por el Gobierno del PP.

El ministro, que participaba en un mitin del candidato socialista a la presidencia madrileña, Rafael Simancas, estaba recordando cómo éste perdió la posibilidad de ser presidente en 2003 -a pesar de que PSOE e IU sumaban mayoría absoluta- por la deserción de los diputados de su grupo Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. Esa deserción quedó bajo sospecha, y los socialistas siempre han sostenido que el PP pudo estar detrás.

Bermejo, para alentar a los votantes del PSOE, dijo que ahora al PP se le puede echar "gratis" del Gobierno, y añadió: "Lo de 2003 no fue gratis, fue otra cosa". Entonces se lanzó: "Yo era fiscal jefe de Madrid en aquel momento, y Carlos Jiménez Villarejo, fiscal Anticorrupción. ¿Y sabéis lo que pasó? Que por primera vez en la historia de la democracia se prohibió a los fiscales investigar lo que había pasado. ¡Se nos prohibió! No hubo manera, ¡se prohibió! ¿Por qué se prohibió? ¿Qué había que ocultar?".

Cuando estalló el caso Tamayo, era fiscal general del Estado Jesús Cardenal, nombrado por el Gobierno popular de José María Aznar. La fiscalía de Madrid trató de investigar en un primer momento si los diputados tránsfugas habían sido comprados por alguien para traicionar a Simancas. Cardenal decidió que esa investigación no correspondía a la fiscalía madrileña -cuyo titular era Fernández Bermejo- y se la adjudicó a la Fiscalía Anticorrupción. Pero entonces ocurrió otra cosa: el PSOE interpuso paralelamente una querella por cohecho contra Tamayo y Sáez, en la que incriminaba también a dos constructores y al secretario regional del PP, Ricardo Romero de Tejada. Y Cardenal ordenó paralizar las diligencias de Anticorrupción a la espera de ver qué pasaba con la querella socialista.

Querella del PSOE

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó poco después la admisión a trámite de la querella, así como el posterior recurso de súplica del PSOE. Tres magistrados estimaron que la querella no presentaba datos indiciarios elementales para justificar la acusación de delito continuado de cohecho. Al inadmitirse esa denuncia, y aunque el fiscal Anticorrupción insistía en seguir investigando, Cardenal bloqueó el proceso y las diligencias quedaron sin continuidad; no obstante, teóricamente, si se produjera alguna novedad que afectase a Tamayo y Sáez, podrían reactivarse.

Junto a los dos diputados tránsfugas -que siempre negaron haber sido comprados por el PP o por constructores afines al PP, y argumentaron que habían abandonado a Simancas a última hora por temor a que pactase con IU- el PSOE también se querelló contra José Luis Balbás González, que fue expulsado del partido; los constructores Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual, que prestaron declaración en la comisión parlamentaria de investigación abierta en la Asamblea de Madrid, y Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP en Madrid.