Jóvenes en busca de techo

Berta, de 32 años, trabaja desde hace dos meses en una fábrica auxiliar del sector cerámico, donde está contratada por una ETT. Cobra 900 euros mensuales y vive en un piso de segunda mano en Almassora, que puede pagar porque está casada y son dos nóminas las que entran en casa. "Aún así, vamos con el agua al cuello", exclama. Su caso está colgado en la web de la Plataforma por una vivienda digna.

Ramón, de 28 años, es, sin embargo, un afortunado. En julio de 2006 le adjudicaron por sorteo una vivienda protegida de 90 metros, garaje y trastero en Torrent, pero en su caso el problema es de salario. Cobra 1.100 euros y en los dos primeros años debe hacer frente al pago de letras de 917 euros mensuales, a las que hace frente alargando su estancia en el domicilio familiar. "Sé que tengo suerte, pero la verdad es que no hay ninguna facilidad", concluye.

Son sólo dos casos de una larga lista de jóvenes que por problemas de vivienda o de salario no pueden emanciparse. Y es que la VPO, en estos momentos la única salida para emanciparse, ha registrado en la última década caídas históricas. El precio de los pisos se ha disparado hasta hacerla inaccesible a personas con movilidad laboral, con rentas bajas o irregulares.

Del derecho o del revés. Da igual cómo se miren los números. En la última legislatura, la construcción de vivienda protegida en suelo valenciano apenas ha supuesto el 8% del total edificado, según el Consejo Superior de Arquitectos de España. Si de 2003 a 2006 se visaron 304.000 nuevas viviendas, únicamente 23.000 se calificaron como protegidas. Nunca antes se había edificado en tanta cantidad.

El propio Instituto Valenciano de la Vivienda de la Generalitat, citando datos del Ministerio de Vivienda, estima en 30.365 los pisos de promoción pública terminados entre 2003 y 2006, frente a los cerca de 300.000 pisos de renta libre salidas al mercado. El PP se comprometió en la campaña electoral de hace cuatro años a 100.000 actuaciones de VPO, 65.000 de nueva construcción.

El diagnóstico de los colectivos profesionales, de jóvenes, académicos universitarios y partidos de la oposición va en parecida dirección. "Ha sido la legislatura de la práctica desaparición de los pisos protegidos, en la medida en que la vivienda libre se ha disparado", reconoce el decano de los arquitectos valencianos, Juan Castillo. "Los pisos protegidos deben ser un negocio. Quizá un parque de VPO regulado por registro y un segundo mercado, donde el propietario pueda venderla por lo que le costó más unos intereses lógicos y razonables, podría ser una opción", apunta Castillo.

Según David Incertis, portavoz de la Plataforma por una vivienda digna, de 10 años a esta parte, el mercado de la vivienda se ha complicado. "El salario medio de un joven ronda los 14.000 euros anuales [según el Observatorio Joven de la Vivienda], mientras el precio medio de un piso de 90 metros en la capital ronda los 349.000 euros", deja caer. Para Incertis la bolsa de viviendas de alquiler no es una alternativa, pues la mayoría de la oferta es a partir de los 500 euros mensuales. Para Incertis, el problema de las ayudas públicas es que no sirven para enfriar el mercado: "Hace falta una ley integral y un pacto de todos los políticos que dé soluciones", pide.

Los partidos de la oposición culpan al PP de este erial. En la ciudad de Valencia, la entonces candidata del PP a la alcaldía, Rita Barberá, prometió en la campaña electoral de 2003 unos 9.000 pisos protegidos. Este mandato se cierra con 1.305 licencias de obra otorgadas. En la actual campaña electoral promete 18.000 VPO en la capital.

La legislatura ha dado para más en materia de vivienda. En estos años ha trascendido la denuncia de varios propietarios de VPO afectados en Castellón por un sobreprecio. También se han conocido sentencias donde los tribunales han condenado a algunos ayuntamientos, la mayoría del PP, por vender suelo al mejor postor del patrimonio municipal que debía dedicarse a viviendas protegidas. Es el caso de los ayuntamientos de Valencia, Alicante, Calp o Gandia.

Los promotores inmobiliarios subrayan que edificar vivienda de protección oficial no es rentable. Los consultores inmobiliarios, reunidos en Urbe Desarrollo, coincide en que el precio del suelo dificulta un desarrollo similar al de los años 90 de la VPO. El hecho de que "se venda todo", aunque sea más despacio, "complica la reactivación de este mercado".

El Grupo Crein ha demostrado que es posible. Este grupo valenciano presume de ser la primera empresa española que sacó al mercado un edificio de 20 viviendas protegidas de alquiler para jóvenes sobre suelo privado. Hace pocos días entregó las llaves de otro edificio de 115 viviendas en Alfafar de las mismas características en un acto al que se unieron la ministra de Vivienda María Antonia Trujillo y el consejero autonómico, Esteban González Pons. "La promoción inmobiliaria ha de medirse también en términos sociales", defiende el presidente de este grupo constructor, Juan José Galiano. Son pisos de 70 metros cuadrados, garaje y trastero, que se alquilan por menos de 300 euros al mes durante 25 años.

Paula, de 32 años y Manolo, de 31, son una de las parejas que habitan la promoción que el Grupo Crein tiene en la avenida de Peris y Valero, de Valencia. "Llevábamos un año buscado piso y los precios no bajaban de los veintitantos o treintaytantos millones [de pesetas]. Nos salían hipotecas supercaras para dos personas sin empleo fijo como nosotros", explica Paula, que dio con esta promoción gracias a un anuncio en el periódico. De vivir cada uno en casa de sus padres, pasaron, con la nueva casa, a casarse y tener un hijo. "Con la vivienda se nos solucionó la vida por completo", dice Paula.

Galiano está convencido de que las cosas cambiarán "Se avecinan grandes transformaciones sociales y deberemos de ser creativos", agrega.