El Gobierno instruye a más de 200 altos funcionarios contra el acoso

El Gobierno ha formado ya a más de 200 directores y jefes de servicio de la Administración general vasca contra el acoso laboral y sexual como parte de la estrategia que ha diseñado para atajar este problema. El Ejecutivo, que evita dar datos concretos sobre el número de casos registrados, va a explicar la normativa que ha elaborado a los 6.000 funcionarios de la Administración general. La orden aprobada, que fija mecanismos de mediación e investigación, excluye de la regulación a los funcionarios de Educación y Justicia y a los agentes de la Ertzaintza. El sindicato policial Erne ha recurrido esa exclusión.

Algunos expertos calculan que el 'mobbing' puede afectar a casi 100.000 trabajadores

El nuevo texto legal, algunos de cuyos aspectos se hallan todavía en desarrollo, fue aprobado por la consejería de Hacienda y Administración Pública, que dirige Idoia Zenarruzabeitia, el pasado 4 de octubre y entró en vigor el 27 de diciembre, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Pese a su trascendencia, el texto no ha sido difundido públicamente por el Ejecutivo.

La orden ha sido finalmente elaborada por el departamento de Zenarruzabeitia, aunque fue el de Empleo, dirigido por Joseba Azkarraga, el que anunció en 2004 la preparación de "un plan para prevenir el acoso moral en el trabajo, el mobbing". Lo hizo el mismo día en que presentaba el observatorio contra el acoso moral en el trabajo, que llevaba ya un año trabajando. Azkarraga anunció incluso que la intención de su consejería era que ese plan, "el primero de estas características que impulsa cualquier administración en España", estuviese operativo en 2006.

El acoso moral en el puesto de trabajo supone ya una de las primeras causas de baja laboral en Euskadi, según algunos expertos vinculados a los sindicatos, quienes calculan que el mobbing afecta en mayor o menor grado a casi 100.000 trabajadores en la comunidad autónoma.

La orden excluye al personal de la Ertzaintza de su ámbito de regulación, pese a los casos de acoso laboral que han salido a la luz pública en la policía vasca. El sindicato Erne, mayoritario en el cuerpo, ha recurrido por ello a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo el artículo 2.a de la orden, que determina su ámbito de aplicación. El recurso se halla pendiente de resolución.

Aunque el tripartito no ha dado excesiva publicidad a la aprobación de la norma, sí que lo ha hecho en el ámbito que controla, la Administración. En cumplimiento del artículo 7, ha realizado ya 13 cursos a los que han asistido mandos intermedios, directores y jefes de servicio (en conjunto más de 200 personas), a quienes se ha explicado las características de la nueva regulación.

El texto define el acoso moral en el trabajo como "aquella situación en la que una persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica sobre otra u otras con el fin de destruirlas personal o profesionalmente, creando un clima o ambiente hostil. Esta violencia ha de ser sistemática, es decir, estar inmersa en un proceso y no se trata de un único acto, por grave e intenso que este pueda ser".

El texto parte prácticamente del contenido de un libro que elaboró el observatorio: El acoso moral mobbing en los lugares de trabajo. Comprender para intervenir. Sin embargo, este manual incluye también en el concepto de acoso otro tipo de actitudes: "La práctica ha demostrado la existencia de otras formas de acoso moral cuyo fin es dominar a la víctima y mantenerla, bien bajo una disciplina empresarial o bajo un control personal absoluto de todas sus conductas". Ese sería el caso, prosigue, de los empleados "sometidos a frecuentes castigos vejatorios u otras formas de exclusión por la realización de actos que contravienen las órdenes de la persona encargada".

El departamento de Zenarruzabeitia va a explicar ahora el contenido de la normativa y sus implicaciones al resto de los empleados públicos. Fuentes de Hacienda y Administración Pública confirmaron que ese proceso de formación se encuentra todavía en fase de diseño, pero se van a incluir talleres de mediación con casos prácticos.

La norma establece precisamente una fase de mediación como mecanismo previo a la investigación del supuesto acoso. En caso de que no sea efectiva, se iniciaría la fase de resolución del conflicto con la constitución de la comisón de investigación.

De momento el reglamento de esa comisión se halla en desarrollo. La Dirección de Función Pública será la que recibirá en último extremo las conclusiones de la investigación y la que propondrá las medidas correctoras en cada caso.

El observatorio va un poco más allá al proponer que el mediador posea unas características diferentes de las que propone el texto en vigor desde el pasado mes de diciembre. Los juristas de dicho organismo proponen que sea una persona neutral, es decir, que trabaje en un departamento diferente al del conflicto; que tenga independencia para investigar y actuar, y autoridad para tomar decisiones. Además, debería contar con formación específica en resolución de conflictos y en el manejo del acoso. La nueva orden se limita a establecer que tenga la categoría de director.