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Reportaje:

"Quédense con mi hijo, por favor"

Centenares de padres han pedido ayuda a los servicios sociales ante una convivencia problemática

Mónica Ceberio Belaza

"No puedo ya más con mi hija; quédense con ella, por favor". Ésta fue la petición que hizo Mónica López, madre de una adolescente de 13 años, a los servicios sociales asturianos a finales del pasado abril. Lanzó su desesperación a los medios de comunicación.

La mujer relataba que la niña tenía, desde hacía años, un comportamiento agresivo dentro de la familia y fuera de ella, que se fugaba con su novio, que robaba y que estaba absolutamente fuera de control, por lo que deseaba que la reeducaran en un centro. La comunidad autónoma está interviniendo con la familia para ver cuál es la mejor solución.

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El caso de Mónica López no es único. Como ella, centenares de familias acudieron a sus comunidades autónomas en 2006 con la misma historia: relatando su incapacidad para hacerse cargo de un hijo supuestamente incontrolado e incontrolable. A veces, con malos tratos incluidos. En al menos 154 casos las autoridades consideraron que era necesario llevar al menor a un centro para poder trabajar con la familia por separado: con el hijo por un lado y con el resto de la familia, por otro. Siempre con la idea de que vuelvan a estar juntos lo antes posible, aunque esto no siempre es factible. Hay más casos, pero algunas comunidades no llevan un registro. En algunos supuestos hay trastornos mentales detrás, pero en otros se trata sencillamente de jóvenes sin límites y de una convivencia que se va deteriorando hasta romperse por completo.

Para que una comunidad autónoma asuma la tutela de un niño o adolescente, éste tiene que estar en "situación de desamparo", como exige la ley. Esto implica retirar a los padres la patria potestad -la capacidad para decidir sobre lo que afecta al menor-.

Otra posibilidad es la guarda. Es una figura para dar apoyo temporal a menores que no pueden ser bien atendidos por sus padres, por circunstancias graves. La comunidad se queda con ellos, pero la patria potestad la sigue teniendo la familia. En la interpretación y aplicación de estos términos radica la discrepancia entre las comunidades. Tener a un hijo fuera de control, ¿implica que no tienen capacidad para cuidarlo, que está desamparado? ¿Apartar al menor es necesario para protegerlo o es malo para él?

La respuesta de los servicios sociales varía enormemente según las regiones. Algunas, como Madrid, Castilla-La Mancha y Asturias, consideran que a veces es necesario separar al hijo de los padres, aunque sólo como un último recurso. "Hay veces que las relaciones están tan deterioradas que juntos no pueden reconstruir la convivencia", opina un portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. Otras, como Canarias, sostienen que la comunidad puede ofrecer todo tipo de asistencia y ayuda, pero que no puede asumir la tutela y llevarlos a un centro. "Son niños que tienen una familia que les puede y debe cuidar", explican. Finalmente, hay comunidades, como Valencia y Cataluña, que afirman no tener ningún caso como el de la madre asturiana.

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha introduce un elemento interesante para el debate: "El problema muchas veces no son los niños en sí mismos, sino las pautas de convivencia en la familia. Son chicos que no asumen normas, que no respetan la figura de los padres, que no han recibido límites, que no saben valorar por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. Así que lo que hay que conseguir no es sólo que ellos se porten mejor, sino que todos aprendan a relacionarse de otra manera y a comunicarse. En ocasiones todo proviene de tensiones de pareja, entre los padres, que repercuten en los hijos. Es muy importante identificar el foco del problema".

Todos los psicólogos consultados coinciden en esta idea básica: no se trata de llevar al hijo a que lo arreglen, sino que los padres tienen que pensar qué pueden hacer ellos para mejorar la relación.

Las comunidades y Ayuntamientos insisten en la necesidad de prevenir y recomiendan a las familias que acudan a los servicios sociales o pidan ayuda -terapia psicológica, escuelas de padres o mediación intergeneracional- en cuanto comiencen los problemas para que no se llegue a la situación extrema de la madre asturiana. Es lo que han hecho Milagros y Sandra. Madre e hija elaboraron un decálogo de derechos y deberes de padres e hijos en unas sesiones de mediación en su colegio a través de un programa del Ayuntamiento de Madrid y aseguran que salieron con "nuevas herramientas" para afrontar los problemas de la convivencia.

¿Hay ahora más conflictos familiares que los que tuvieron otras generaciones? "Es una sociedad muy distinta de la de hace 20 o 30 años", señala Mercedes Navarro, secretaria de Acción Social, el Menor y la Familia de Murcia. "Hay mucha libertad, pero para que pueda ser bien ejercida hay que saber hasta dónde llega. No es buen método educativo dejar a los niños hacer lo que quieren, porque se pierden, no toleran las frustraciones de la vida y les cuesta asumir que no siempre pueden ganar y que hay reglas de comportamiento que deben seguir". Esas normas son las que establecieron Milagros y Sandra en su catálogo de derechos y deberes para ambas. Por ahora, lo están cumpliendo.

Madre e hija, en una terapia de mediación del Ayuntamiento de Madrid.
Madre e hija, en una terapia de mediación del Ayuntamiento de Madrid.CLAUDIO ÁLVAREZ

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Sobre la firma

Mónica Ceberio Belaza
Reportera y coordinadora de proyectos especiales. Ex directora adjunta de EL PAÍS. Especializada en temas sociales, contó en exclusiva los encuentros entre presos de ETA y sus víctimas. Premio Ortega y Gasset 2014 por 'En la calle, una historia de desahucios' y del Ministerio de Igualdad en 2009 por la serie sobre trata ‘La esclavitud invisible’.

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