El tsunami urbanístico

Ha sido la legislatura del cemento y del tsunami urbanístico. La de la avalancha de Programas de Actuación Integrada (PAI), del adiós a la LRAU y de la movilización ciudadana contra la destrucción del territorio con el lema de "somos un país, no un PAI". En estos cuatro años se han sucedido escándalos como el del Atrium Beach, pelotazos como el de Porxinos, las inspecciones del Parlamento Europeo y la condena que supuso el Informe Fourtou de las prácticas urbanísticas valencianas.

Si en una década el suelo urbanizado ha crecido un 60% en la Comunidad Valenciana, a partir del año 2000 el ritmo de urbanización parece precipitarse. El informe Destrucción a toda costa de Greenpeace del año 2006 concluía que el litoral valenciano tiene el 33% de su primer kilómetro de costa urbanizado. Alicante sobrepasa la media con cerca del 50% -una de las más elevadas del litoral español-, seguida de Valencia, con el 29% y Castellón, con el 23,5%. Casi la mitad del litoral está urbanizado y está previsto que se urbanice otra quinta parte del mismo. Según el Instituto Internacional de Economía de la Universitat de València se ha recalificado suelo para triplicar los actuales niveles de urbanización. "Ahora nos encontramos con ese mismo avance pero en sólo cinco años", dice Carles Arribas, de Ecologistas en Acción.

El Consell no proporciona datos sobre el suelo reclasificado en esta etapa de vorágine. Sólo en dos ocasiones la Consejería de Territorio ha hecho públicas las solicitudes que tenía encima de la mesa. A finales de 2006 su titular, Esteban González Pons, explicaba que tenía peticiones de ayuntamientos para recalificar cerca de 195 millones de metros cuadrados de suelo fuera de los planes generales.

De 542 corporaciones municipales, 123 pedían recalificar de rústico a urbanizable 67,2 millones de metros cuadrados en la provincia de Valencia, 68 millones en la de Castellón y otros 59 millones en la de Alicante. Entre un 30% y un 40% del total pueden salir adelante, según fuentes de la consejería. Un año antes Blasco cifró en 55 millones de metros cuadrados las solicitudes de reclasificación de suelo.

"Es verdad que ha habido un bajón en esta última etapa, pero en pocos días aprueban ahora miles de nuevos pisos", apostilla Arribas, en alusión a los 35.000 pisos proyectados en Manises, Catarroja y Alicante, concretamente en el PAI de Rabassa, el más grande de la Comunidad Valenciana, con 4,5 millones de metros.

Compromís pel Territori, altavoz de decenas de plataformas vecinales, habla de 412 millones de metros cuadrados urbanizados, de un millón de nuevas viviendas previstas y de 95 campos de golf solicitados.

La coordinadora ofrece algunos datos. San Miguel de Salinas, un pueblo de 6.600 habitantes, proyecta la construcción de 70.000 nuevas residencias. Vilamarxant es el municipio con más PAI, con 13 proyectos en total; Cabanes, en Castellón, tiene el de mayor extensión, y Cullera es la población con más rascacielos proyectados, 33 en total. "Es el periodo en que se ha destruido más territorio en menos tiempo" apostilla Paco Sanz.

Para el decano de los arquitectos valencianos, Juan Castillo, ésta ha sido una legislatura convulsa y de final complicado. Convulsa por los cambios de titulares en la consejería -dos en cuatro años- y por la renovación de toda la legislación urbanística.

En esta vorágine, el Consell y el Gobierno central se han visto las caras a propósito del agua. La valenciana lidera el ránking de comunidades que proyecta más viviendas sin garantía de suministro. La Confederación Hidrográfica del Júcar calcula que unas 150.000 viviendas proyectadas están pendientes de que se verifique la garantía de abastecimiento de agua y otras 100.000 han recibido una resolución negativa. La Delegación del Gobierno ha recurrido una docena de PAI al no estar garantizado el suministro hídrico o por otras deficiencias. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha paralizado ya cautelarmente dos PAI proyectados en Parcent y La Nucia.

La sensación de desorden urbanístico se ha trasladado a la población. Así la opinión de los valencianos sobre la política urbanística y de ordenación del Consell empeoró el año pasado, según un sondeo de Opina para EL PAÍS. Con una nota media del 2,56, la gran mayoría de los valencianos opinaba que las actuaciones del Ejecutivo del PP relacionadas con el urbanismo han ido a peor. Un 21,9% cree que la situación es muy mala (15,3% hace un año); un 14,1% califica esta política de mala (13,2% en 2005) y el 27,5% de regular. Un 36% de los encuestados reprobaba la gestión del Consell en esta materia.

Los promotores inmobiliarios descargan la responsabilidad de lo que sucede sobre la Administración. "Si se construye mucho es porque se dan muchas licencias", decía en su día Benjamín Muñoz.