Madrazo sostiene que sólo pactará con las diputaciones si promueven viviendas sociales

La guerra de la vivienda planteada entre el departamento y la Diputación de Vizcaya escaló ayer un nuevo peldaño con la intervención del consejero, Javier Madrazo, quien instó a la institución que preside José Luis Bilbao a promover pisos sociales, en cuyo caso, dijo, tendría su apoyo. Madrazo calificó de "fracaso" el plan promovido en 2004 por Vizcaya, ya que aún no se ha acabado ninguno de los pisos.

Después de que la pasada semana el PNV exigiera en el Parlamento que las diputaciones tengan la misma capacidad que el Gobierno y los ayuntamientos para promover pisos protegidos, el conflicto interinstitucional se ha reactivado. En 2005 se produjo un fuerte enfrentamiento de Vivienda con la Diputación vizcaína por su plan de promover 3.000 viviendas a precio tasado, más alto que las VPO. El conflicto, que llevó a la consejería a recurrir tres promociones en los tribunales, pareció solventarse el pasado año al aprobarse la ley de Suelo, pero ahora ha resurgido.

Madrazo instó a la Diputación de Vizcaya a que promueva pisos, pero que sea "vivienda social". Y aseguró que está dispuesto a un acuerdo con las tres instituciones forales si de las viviendas que hagan el 50% es de alquiler social y se adjudican a través del servicio Etxebide, dependiente del Gobierno. Reprochó al diputado general, José Luis Bilbao, que anuncie que para 2011 se dispondrán de 3.000 viviendas -gran parte de las 2.700 promovidas en 2004 y otras de las 1.500 que se desarrollarán ahora-, cuando "no conocemos ninguna que se haya acabado". "Parece", agregó, "que se acuerda de las viviendas cuando llega la época electoral, pero en cuatro años no hemos conocido ninguna. Ese plan de vivienda que nos anunciaron ha sido un fracaso".

Esfuerzo común

Considera Madrazo que todas las administraciones deben "remar en la misma dirección" para conseguir, como se establece en el proyecto de ley, que el 1 de enero de 2012 todos los inscritos en Etxebide tengan garantizado el derecho a un piso en "condiciones dignas, porque es un derecho fundamental y básico, y que no dependa de un sorteo".

Aseguró que los acuerdos entre la Administración autonómica y las forales deben basarse sobre la promoción del alquiler social y con una calificación permanente de vivienda protegida que evite la especulación. "Sobre estas premisas no hay ninguna dificultad para llegar a un acuerdo con la Diputación, sobre otras no será posible", advirtió. Para justificar su postura, aseguró que Euskadi cuenta con escasez de suelo y no se puede ocupar "para hacer viviendas caras", en alusión a los pisos tasados del plan foral, que tendrán precios de entre 150.000 y 180.000 euros, según los últimos datos ofrecidos por Vizcaya. "Hacer vivienda cara es muy fácil", insistió. "Hay que poner presupuesto público para viviendas sociales".