Desigualdad fiscal

Hasta el próximo 2 de julio, casi 18 millones de españoles tendrán que presentar su declaración por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el único impuesto directo, es decir, progresivo, con su prestigio intacto en el sistema fiscal español. La declaración en sí ya no exige el pesado trabajo de antaño, sobre todo desde que Hacienda corre con gran parte del trabajo inicial y puede presentarse por Internet. A cambio, el IRPF, objeto de una tímida reforma legal que ha reducido los tipos marginales que podrán aplicarse a las rentas obtenidas en 2007, se ha convertido en terreno político para competir por ver quién baja más la imposición directa y, por tanto, quién alivia más la sensación psicológica de pagar al Estado. Porque lo que viene denominándose "reducción de impuestos" es en realidad rebajas del IRPF; la recaudación de otros, como el IVA o los especiales, que no producen rechazo directo, sube sin parar.

Con el tiempo, en el sistema fiscal español han aparecido problemas muy graves que los gobiernos reconocen y lamentan, pero no afrontan con determinación. El fraude fiscal es sin duda el más importante. El hecho de que una parte de las rentas generadas circule fuera del alcance de la Hacienda pública -algunos cálculos sitúan el fraude en el 10% del PIB- indica que el sistema es injusto y, además, estimula la resistencia a declarar de quienes contribuyen limpiamente según las rentas que obtienen. La Agencia Tributaria se suele conformar con programas rutinarios de inspección con resultados también rutinariamente satisfactorios, pero siempre insuficientes para considerar que se ha recortado sustancialmente el fraude.

El IRPF se ha convertido en un impuesto perversamente desigual. Sólo declaran por la totalidad de las rentas quienes no pueden zafarse de hacerlo, es decir, los asalariados. Resulta insultante que, según la Memoria de la Agencia Tributaria 2005, menos del 10% de los contribuyentes declaren retribuciones anuales superiores a los 36.000 euros; o que los empresarios y profesionales declaren como media una renta anual de 9.400 euros, la mitad de la renta media declarada por los asalariados. El IRPF necesita, más que de rebajas tarifarias, de una reconsideración a fondo de los mecanismos de tributación. Y de un esfuerzo muy enérgico para conseguir que paguen todos los que tengan que pagar, y exactamente por lo que tienen que pagar.