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La polarización social y educativa en Cataluña

Mientras que la atención mediática se centra en asuntos identitarios y de estructuración del Estado, el Ministerio de Educación y Ciencia acaba de publicar un informe sobre el sistema educativo, La equidad en educación, en el que el autor, el profesor Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, ha analizado las desigualdades educativas en España, lo cual permite comparar la situación con la del resto de países de la Unión Europea y del club de países más desarrollados del mundo, llamado OCDE. Tal estudio analiza también la situación de la educación en Cataluña, con lo cual permite comparar las escuelas (tanto de Primaria como de Secundaria), los programas de Formación Profesional y las universidades de Cataluña con otras comunidades autónomas de España y con los países de la UE y de la OCDE. Es sorprendente el silencio mediático sobre tal informe, que ha pasado casi desapercibido incluso en los medios públicos de la Generalitat, y eso que el futuro de Cataluña, incluyendo el de su economía, depende más de las escuelas y de la educación que, por ejemplo, del aeropuerto de El Prat.

El informe analiza la evolución de la educación hasta 2002, un año antes de que cambiara el Gobierno de la Generalitat y pasara ésta de ser gobernada por una coalición conservadora nacionalista a un Gobierno de coalición de izquierdas. El informe da, por tanto, la oportunidad de evaluar las políticas educativas de aquel Gobierno conservador. El primer dato llamativo es que en el último año de aquel Gobierno el gasto en educación no universitaria de la Generalitat (que es la que financia y gestiona la gran mayoría del gasto educativo público) era de los más bajos de España -2.839 euros por alumno- comparado con los 3.161 euros del promedio de España, país que a su vez es uno de los de la Unión Europea de los Quince (UE-15 es el grupo de países más parejos al nuestro por su desarrollo económico) con menor gasto educativo público. Cataluña (y España) estaban a la cola de Europa en cuanto a gasto público educativo.

Las causas de este retraso son múltiples, pero una muy importante es el enorme déficit de gasto público educativo heredado de la dictadura franquista. Cuando el dictador murió, España tenía el gasto público educativo más bajo de Europa y la población adulta menos educada de Europa (junto con Portugal, que había sufrido una dictadura semejante). De ahí que incluso hoy los grupos de edad que fueron a la escuela durante la dictadura tengan, con mucho, el nivel educativo más bajo de Europa.Tal déficit se fue corrigiendo durante la democracia en todas las comunidades autónomas, en unas más rápidamente que en otras.

En Cataluña y como consecuencia de las prioridades del Gobierno conservador nacionalista catalán, tal corrección fue menor que en el promedio de España. Por otra parte, tal Gobierno dio prioridad a las escuelas privadas concertadas sobre las públicas; las primeras recibieron un elevado subsidio llamado concierto, que representaba el 24% de todo el gasto público en educación no universitaria de la Generalitat de Cataluña (porcentaje mucho más elevado que el promedio de España, 16%, y mucho más elevado que el promedio de la UE-15, 9%). En Suecia y Finlandia, en 2002 era del 4%. La gran mayoría de estas escuelas privadas que recibían tales subsidios eran escuelas de la Iglesia, que servían en su mayoría a los hijos e hijas del 35% de la población de Cataluña que tiene mayor renta. Las escuelas públicas servían predominantemente a las clases populares con un gasto por alumno menor que el promedio de España. En estas escuelas se concentra, además, la gran mayoría de los hijos de los inmigrantes.

Las escuelas privadas tenían más recursos que las públicas, en parte porque seleccionaban a los estudiantes (ilegalmente, realidad de la que el Gobierno conservador nacionalista era consciente y resolvía mediante trampas, como reconoció el entonces presidente, Jordi Pujol) haciéndoles pagar matrículas y excluyendo a los hijos de clase trabajadora y a inmigrantes. Como consecuencia de la mayor riqueza de recursos, la escuela privada daba una hora al día más de clase que la pública. Sumando el déficit horario de los estudiantes de la pública durante todos los años de estudio, resulta que el graduado de Secundaria de la escuela catalana (y española) tenía un déficit de tiempo lectivo equivalente a un año académico. Es decir, que nuestros graduados iban a la escuela un año menos que el promedio de la UE-15. Esta diferencia de recursos entre la escuela privada y la pública y la segregación por clase social reprodujo una gran polarización social que se perpetuaba y expandía en la Universidad catalana y que se daba también en España. Así, si el 66,7% de los hijos de padres profesionales de grado superior pasaban a estudiar en centros de educación superior en 2001, sólo el 17,7% de hijos de trabajadores no cualificados y el 10,8% de trabajadores agrícolas pasaban a tales centros. Una vez en estos centros, el gasto por alumno (4.861 euros) en Cataluña era superior al promedio de España (3.968 euros), aunque muy inferior al de la UE-15.

Tener un sistema educativo polarizado no es bueno para la calidad de tal sistema, ni para las escuelas privadas concertadas ni para las públicas. Las mejores escuelas en Europa -como la finlandesa- son las multiclasistas en las que tanto el banquero como el hijo del empleado de la banca están servidos por la misma escuela. En Cataluña eso no ocurre. Van a distintas escuelas, situación que dificulta el desarrollo de una cultura democrática y cívica multiclasista, siendo a la vez una situación que dificulta el desarrollo intelectual de los alumnos. La investigación ha mostrado que la diversidad social estimula al estudiante. Convertir el sistema polarizado por clase social en un sistema único multiclasista, como lo están intentando los gobiernos tripartito, primero, y de Entesa ahora, creará enormes resistencias. Ahora bien, sería un error querer que tales cambios quieran consensuarse, pues se da con ello un poder de veto a los grupos corporativos responsables de la situación actual.

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Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra.

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