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El plan de Vizcaya encendió la polémica en 2004

La promoción de pisos protegidos por las administraciones forales y al margen del Gobierno se inició en 2004 con el llamado plan foral de vivienda de la Diputación de Vizcaya. Consciente de que ésta es una de las preocupaciones fundamentales de la población, el diputado general, el peneuvista José Luis Bilbao, quiso entrar un terreno hasta entonces reservado al Ejecutivo y a los municipios. Algo que en Euskadi, donde cada administración es celosa de sus competencias por el disperso entramado institucional, es sinónimo de conflicto.

La Diputación vizcaína argumentaba que pretendía complementar la oferta del Gobierno y llegar al sector de la población que no podía acceder al mercado libre, pero rebasaba el tope de ingresos para las VPO. Pero, a la vez de hacer esta justificación pública, la Diputación vizcaína veía en este plan una manera de conseguir réditos electorales, como ha solido ocurrir con los asuntos estrella en cada época.

El plan suscitó la airada reacción del Departamento de Vivienda, que lo calificó de "invasión muy grave" de sus competencias y acusó a la institución foral de convertirse en un "promotor inmobiliario especulativo" que pretendía lucrarse. El conflicto pareció resolverse a finales de 2004, cuando la Diputación aseguró que promovería su plan sólo en las zonas donde no actuase el Gobierno. Pero las disputas continuaron y el Departamento de Vivienda llevó a los tribunales los proyectos en tres municipios (Barakaldo, Abanto y Lekeitio). La cuestión que siguió provocando la polémica hasta la aprobación, hace ahora un año, de la Ley de Suelo. El consejero Javier Madrazo anunció entonces que los recursos judiciales se retirarían.

Pero la controversia no ha concluido y el diputado vizcaíno de Administración Pública, Iñaki Hidalgo, afirmó hace unos días que el Departamento de Vivienda "ha mentido" al mantener vivos los pleitos en Abanto y Lekeitio.

Además de estas controversias, el plan foral va con mucho retraso. La intención, al firmarse en 2004 los primeros convenios municipales, era disponer de carca de 2.800 viviendas para cuando concluya este año. Pero ahora no hay ninguno de esos pisos disponibles en 28 municipios. Las primeras 12 viviendas, en el pequeño municipio de Arratzu, estarían listas en septiembre. Un millar, según un portavoz foral, se encuentra en construcción.

La Diputación vizcaína aduce que la principal causa del retraso son los problemas urbanísticos de gestión del suelo y, entre ellos, la resistencia de algunos propietarios a vender los terrenos al precio ofrecido por la administración foral.

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