Losada alega ante el juez que Presidencia dio órdenes "arbitrarias"

El secretario general de Relacións Institucionais, Antonio Losada, negó ayer ante en su comparecencia ante el juez haber desobedecido, vejado o entorpecido la labor de los policías que impidieron el paso a una furgoneta de una empresa de cristalería que pretendía cambiar los rótulos oficiales de Vicepresidencia. Losada, que admitió haber raspado él mismo los letreros, acusó a la consellería de Presidencia de haber dictado órdenes arbitrarias.

Ni desobediencia, ni entorpecimiento, ni vejaciones. El secretario general de Relacións Institucionais, Antonio Losada, negó ayer ante el juez decano de Santiago haber desafiado la autoridad de los policías autonómicos que custodian las dependencias de San Caetano durante los días 7, 8 y 12 de febrero.

En su larga comparecencia -de casi dos horas- que tuvo lugar en el juzgado de guardia, Losada contradijo la versión que los nueve agentes reflejaron en el atestado policial sobre los incidentes de los carteles y que, uno por uno, han ido ratificando ante el juez durante los dos últimos días. El número dos de Anxo Quintana defendió que no había desobedecido ninguna orden porque era a él a quien le correspondía decidir sobre la señalización del departamento de Vicepresidencia.

Según consta en las diligencias informativas instruidas por el juez, Losada admitió haber mantenido discusiones con los agentes en tres días distintos, pero alegó que su comportamiento fue la respuesta a instrucciones "incorrectas, arbitrarias y excepcionales" dictadas por el secretario general de la Consellería de Presidencia, Santiago Roura.

El responsable de Relacións Institucionais del Gobierno gallego achacó el origen de los altercados a la decisión de Roura de impedir el paso a una furgoneta de Cristalería Vista Alegre, contratada por Losada para retirar los rótulos con la denominación Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar y sustituirlos por otros en los que sólo aparecía el término Vicepresidencia.

Losada argumentó que en todo momento estaba llevando a cabo competencias propias de la Secretaría Xeral de Vicepresidencia y acusó a Roura de extralimitarse y de romper con sus decisiones "el orden habitual de la tramitación administrativa de San Caetano". El alto cargo de la Xunta, que compareció en calidad de imputado, sí admitió haber raspado personalmente, subido a una banqueta, los letreros oficiales.

Explicó que lo había hecho después de que los responsables de seguridad de San Caetano hubiesen denegado por dos veces a una compañía cristalera el acceso a las instalaciones de la Xunta para cambiar los carteles, y después de que también impidieran a un operario de Vicepresidencia realizar los cambios. En ese momento decidió modificarlos personalmente borrándolos con una rasqueta.

Informe pericial

El importe de los desperfectos ocasionados por Losada en el mobiliario de San Caetano es algo que deberán determinar los peritos independientes en un informe encargado por el fiscal. En su interrogatorio de ayer, el juez preguntó además con cargo a qué presupuesto pretendía Losada financiar la modificación de los rótulos. Según consta en la declaración, la factura que su departamento pagó a la empresa Cristalería Vista Alegre por los repetidos desplazamientos a la sede del Gobierno gallego ascendió a 100 euros, anotados en la partida de gastos varios para conservación y manutención.

Losada fue precedido en la sala del juzgado de guardia por el Subdirector general de Relacións Instituciais, Ramón del Valle, que apuntaló su versión de los hechos. Antes habían pasado ante el juez en calidad de testigos dos agentes de policía que ratificaron sus denuncias, un vigilante de seguridad de San Caetano y el operario de Vicepresidencia al que se le encomendó el cambio de los rótulos.

Fuentes próximas a la instrucción no descartan que el juez que instruye las diligencias ordene practicar nuevas priebas, entre ellas un informe detallado a la Consellería de Presidencia sobre el reparto de atribuciones en la sede del Ejecútivo autónomo y sobre el comportamiento de los agentes durante los días en los que tuvieron lugar los incidentes.

Cuando concluya la fase de instrucción será el fiscal quien decidirá la calificación de los hechos: si se trata de un delito, una simple falta de desobediencia o si solicita el archivo del procedimiento.