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El Consell lleva 14 fallos en contra por negar validez a filología catalana

La Generalitat ha recibido un nuevo varapalo judicial, y van 14, por su negativa a reconocer la validez de Filología Catalana en las oposiciones para el cuerpo de profesores y maestros. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha anulado el apartado 7.1.2 de las bases de las convocatorias dictadas por la Consejería de Cultura, Educación y Deporte el 14 de abril de 2005, que obligaban a los licenciados en Filología Catalana a examinarse de valenciano. La decisión fue anunciada ayer por Acció Cultural del País Valencià, que interpuso un recurso en el que pedía la nulidad de todo el proceso selectivo.

El TSJ vuelve a recordar al Gobierno valenciano que no existen razones jurídicas para someter a exámenes de conocimiento de la lengua a los graduados. La prueba diseñada por Educación era obligatoria y tenía carácter eliminatorio. El fallo alude a la orden ministerial de 29 de noviembre de 1995 que estableció la equivalencia entre los antiguos títulos de Filología Hispánica sección Valenciana y los de Filología Catalana.

Los concursos-oposición afectados por la sentencia fueron convocados para el ingreso al cuerpo de docentes de educación Secundaria; de Escuelas Oficiales de Idiomas; de Música y Artes Escénicas y de profesores técnicos de Formación Profesional.

Un reguero de fallos ha contradicho la continua resistencia de la Generalitat a reconocer unas carreras impartidas por dos universidades valencianas: hasta hoy, 12 del TSJ, uno del Tribunal Constitucional y otro del Tribunal Supremo.

Unidad de la lengua

Acció Cultural consideró en un comunicado que el fallo vuelve "a avalar la unidad de la lengua". Y que sólo "la obstinación en la ignorancia y el rechazo a los criterios científicos se revelan como única razón para el mantenimiento de una postura contraria por parte de la Generalitat, y más cuando existen reiterados pronunciamientos jurisdiccionales que desautorizan estos argumentos". "Lo cual", prosigue, "fuerza a este tribunal a recordar que una de las más elementales exigencias del estado de derecho, que consagra nuestro texto constitucional, es el imperativo cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales, especialmente de los poderes públicos, que deben servir con objetividad a los intereses generales".

La asociación destaca que la sentencia llega tras la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía que consagra, en su opinión, "la denominación secesionista idioma valenciano".

La dimensión judicial de la polémica lingüística pudo parecer cerrada hace un año, cuando el Tribunal Supremo obligó a la Generalitat valenciana a reconocer los certificados de conocimiento del idioma aprobados por los gobiernos catalán y balear. El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, anunció en las Cortes un recurso del Consell contra la decisión del Supremo. No consta, sin embargo, que llegara a presentarlo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de mayo de 2007