Toda la oposición reprocha al PP la judicialización de la vida política de Vitoria

Todos los grupos de la oposición de Vitoria presentaron ayer ante la Fiscalía de la Audiencia de Álava los varios miles de folios que completan los trabajos de la comisión de investigación local sobre supuestas irregularidades de la concejalía de Urbanismo. Los portavoces del PNV, PSE, EB y EA reprocharon al PP su interés por judicializar la vida política de la ciudad al negarse a asumir las responsabilidades que se desprenden del estudio de los expedientes de dos urbanizaciones de chalés en Ibaiondo y Ali. El alcalde, el popular Alfonso Alonso, despreció la iniciativa de la oposición, que calificó de "insulto" y "sencillamente ruido" y adelantó su impresión de que será archivada.

La comisión ha trabajado para aclarar las supuestas irregularidades en una licencia concedida por el Ayuntamiento para edificar siete chalés en el barrio de Ali en una parcela inferior a los 2.000 metros cuadrados en la que, según la normativa municipal, sólo se podían construir seis. También se analizó el sobreprecio de 24 chalés bioclimáticos en Ibaiondo, unas viviendas de precio tasado que costaron a los adjudicatarios 304.000 euros en lugar de los 250.000 fijados por el pleno de la corporación.

En ambas actuaciones, según concluyó la comisión, la concejalía actuó de forma irregular. La oposición ha acusado por ello a su responsable, Jorge Ibarrondo, de dos supuestos delitos de prevaricación.

Los representantes de la oposición incidieron ayer a las puertas del Palacio de Justicia de Vitoria en las trabas que ha sufrido toda la investigación. El peneuvista Unai Grajales, quien presidió la comisión, insisitó en que la oposición se ha visto en "la obligación de judicializar la vida política". En su opinión, acudir al fiscal es la única vía que les quedaba para devolver la transparencia al Ayuntamiento de Vitoria. "Y si se ha retrasado tanto este momento ha sido por las trabas que ha puesto el equipo de gobierno", concluyó.

Juan Carlos Alonso, del PSE, insistió en que la documentación cuenta con la legitimidad de los informes del Ararteko, el Síndico de Vitoria, el decano del Colegio de Abogados de Álava y diferentes técnicos de Urbanismo. "Sin olvidar, el respaldo de 18 de los 27 concejales del pleno [los que suman los cuatro partidos], que envían el mensaje a la ciudadanía de que en Vitoria no vale todo", afirmó. "Ahora, una vez aclaradas las irregularidades, a ver si nos ponemos a hablar de las cosas que le interesan a la ciudadanía", concluyó.

José Navas, de EB, consideró el acto de entrega de la documentación al fiscal jefe de la Audiencia de Álava, Josu Izaguirre, como "el último paso" en su defensa de la verdad, "aunque no sea agradable". El portavoz de Ezker Batua incidió en la nula capacidad de autocrítica del equipo de gobierno por la actitud de "un concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, y un alcalde, Alfonso Alonso, que han escurrido el bulto de reconocer las evidencias que mostraba la comisión en cada sesión".

"Venimos a pedir auxilio a los juzgados", apuntó Antxon Belakortu, de EA, para quien la jornada de ayer se convirtió en un "día triste para la ciudad". Sin embargo, consideró que la medida que han adoptado "era necesaria; no se puede permitir que se favorezca a unas empresas cometiendo irregularidades".

La oposición insistió en que seguirá yendo a los tribunales mientras el equipo de gobierno no asuma su responsabilidad. "Ahora tenemos el caso de unos contratos otorgados a familiares, que la secretaria del pleno ha considerado nulos, pero que el alcalde se niega a cancelar; pues tendremos que volver a la fiscalía", anunció Alonso.