El Supremo condena a Barberá por no destinar a VPO una venta de suelo

El pasado sábado la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, prometía la construcción de 18.000 viviendas de protección oficial (VPO) durante los próximas 4 años. Ayer se supo que una sentencia del Tribunal Supremo condenaba al Ayuntamiento de Valencia por gastar 14 millones de euros obtenidos con la venta de suelo municipal en 2000 en equipamientos, en lugar de invertir el dinero en viviendas protegidas o comprar suelo para el patrimonio municipal, como obliga la ley. Alicante y Calpe, también gobernados por el PP, ya fueron condenados por el mismo motivo.

La sentencia, publicada el pasado 27 de marzo, recuerda al Ayuntamiento de Valencia que en octubre de 2000 rechazó una moción del PSPV que alertaba de la ilegalidad de la subasta pública. La oposición denunció que la venta debía ser comunicada a la Generalitat y que al formar parte la parcela del Patrimonio Municipal del Suelo debía dedicarse exclusivamente a viviendas protegidas (VPO). El gobierno municipal rechazó aquella moción y siguió adelante con la subasta. El PSPV acudió al Tribunal Superior de Justicia, que le dio la razón en 2003. El equipo de la alcaldesa, Rita Barberá, recurrió al Tribunal Supremo, que tres años después condena definitivamente al Consistorio.

Una empresa del Grupo Lubasa, Construcciones Lidon, pagó por la parcela 14 millones de euros, el doble del precio de salida de la subasta pública. Sobre el suelo edificó más de 150 viviendas que fueron vendidas a particulares que, en ningún momento conocían el origen supuestamente ilegal de la operación. "¿Qué pasa ahora con los propietarios?", reprochó ayer Rafael Rubio, portavoz municipal del PSPV, al equipo de Barberá. Para evitar el daño a los compradores, el Ayuntamiento tendrá que reparar con una partida presupuestaria el dinero que no dedicó a vivienda protegida. Alfonso Grau, concejal responsable de la operación, descartó una ampliación presupuestaria. "Esa misma cantidad se repondrá también mediante los fines que establece el fallo judicial", aseguró Grau, que no explicó cómo lo hará.

Para Rubio, el elevado precio pagado en la subasta supuso una subida del coste de la vivienda en la zona. Un problema al que Barberá no puso freno con la construcción de VPO, puesto que el dinero obtenido fue dedicado a equipamientos públicos, como reconoció ayer el propio Grau. El Ayuntamiento de Valencia ha recaudado, en los últimos cuatro años, 70 millones de euros de la venta de suelo municipal. "Sólo han dedicado un pequeño porcentaje a la construcción de VPO", señaló Rubio. "Prometieron 9.000 viviendas protegidas y sólo han licitado 1.100", criticó. A pesar de ello, Rita Barberá prometió el pasado sábado 18.000 nuevos pisos de protección oficial.

El desvío del dinero que la ley exige que se destine a VPO a gastos municipales corrientes por parte de corporaciones municipales dirigidas por el Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha sido condenado en otras ocasiones por la justicia.

El Tribunal Supremo obligó el pasado diciembre al Ayuntamiento de Alicante a destinar 8,6 millones de euros recaudados de la venta de suelo municipal en 1.998 a viviendas sociales. En este caso, la denuncia partió de la iniciativa de un vecino que denunció el irregular uso del dinero obtenido por parte del equipo del alcalde del PP, Luis Díaz Alperi. El Consistorio de Alicante utilizó el dinero para comprar un antiguo cuartel donde prevé construir la Ciudad de la Justicia.

En Calp, el gobierno municipal acumula cinco condenas del Tribunal Superior de Justicia por destinar 7,5 millones de euros a gastos del equipo de gobierno. El alcalde de esta localidad, Javier Morató (PP), ha recurrido dos de esas cinco sentencias y ya ha adelantado que las arcas municipales no disponen de liquidez ni capacidad económica para hacer efectivas las resoluciones judiciales. Los tribunales aseguraron, en este caso, que Calp debió haber impulsado 200 VPO. Sin embargo, Morató no ha construido ninguna vivienda de este tipo en los últimos 14 años.