El juez envía a prisión al ex 'número dos' de Gil y deja en libertad con cargos a su hija

El juez Miguel Angel Torres, que instruye el caso Malaya, ordenó ayer el ingreso en prisión incondicional de Pedro Román Zurdo, teniente alcalde de Marbella (Málaga) entre 1991 y 1998. El juez dejó en libertad con cargos a su hija María del Pilar Román. Román está acusado de blanqueo de capitales, cohecho, fraude y contra la ordenación del territorio y su hija de blanqueo de capitales. Su imputacion coincide con la del último apresado del caso: el ex comisario Florencio San Agapito, en libertad tras pagar 500.000 euros de fianza.

Según fuentes judiciales, el fiscal recomendó el ingreso en prisión por el riesgo de fuga y para evitar la destrucción de pruebas. La hija tendrá que presentarse el 1 y 15 de cada mes en los juzgados. Le han retirado el pasaporte para evitar que salga del país.

Pedro Román y su hija fueron detenidos el pasado martes en el aeropuerto de Málaga, adonde llegaron procedentes de Zurich (Suiza). El juez Torres dictó una orden internacional de detención contra ellos la semana pasada. Los abogados de Román mantuvieron que su patrocinado supo el pasado fin de semana, "a través de la prensa", que tenía un requerimiento judicial y decidió regresar a España para ponerse a disposición del juez. "Pedro Román no tenía ninguna prohibición de abandonar el país, por lo que estaba en su derecho de encontrarse en cualquier punto del mapa ya sea por motivos personales o profesionales", añadieron.

El ex teniente de alcalde de Marbella y su hija, pasaron la noche del martes en los calabozos de la comisaría de Málaga y fueron trasladados a los juzgados marbellíes sobre las diez de la mañana. La primera en descender del coche policial fue María del Pilar Román. Su padre entró en los calabozos como una exhalación. "¡A Guantánamo, A Guantánamo te tenían que mandar!", le gritó uno de los vecinos congregados.

Las declaraciones se hicieron de forma ininterrumpida. El juez comenzó a interrogar a Pedro Román a las 12.00 y sobre las 16.30 comenzó la toma de testimonio de su hija. A continuación se convocó una vistilla en la que estuvieron presentes sus letrados. Sobre las 20.00, padre e hija abandonaban los juzgados. Román fue introducido en una patrulla policial que le condujo a la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) y la hija salió a la calle por su propio pie. María del Pilar Román escogió la puerta por la que salen fiscales y jueces para abandonar los juzgados en un todoterreno con el motor encendido.

Los investigadores creen que el ex primer teniente de alcalde era socio de Juan Antonio Roca, supuesto cerebro de la trama, y que utilizaba los servicios del abogado Juan Germán Hoffmann, considerado testaferro en paraísos fiscales del ex asesor urbanístico marbellí.

El grupo de blanqueo de capitales relaciona a Pedro Román con los negocios del ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca a través de la sociedad Marbella Airways, con la que se compró un avión por 1,2 millones de euros. Sus agentes mantienen en un informe presentado al juez el pasado septiembre "que podría ser también cliente" del abogado Juan German Hoffman.

En los documentos de constitución de la sociedad Marbella Airways, Pedro Román aparece vinculado mediante un paréntesis a la empresa Fink 2010, SL, a nombre de Hoffman, algo que hizo a la policía sospechar que podría tratarse de una "sociedad instrumental" que oculte intereses de Pedro Román.

La defensa de Juan German Hoffman, José Manuel Vázquez, asegura en un recurso presentado ante el juez, que Pedro Román propuso al abogado la unión de varias empresas en una sociedad para comprar un avión y mantiene que la participación de Hoffman en la inmobiliaria El Ángel de Tepa "es a petición de Pedro Román, que no de Juan Antonio Roca". En el proyecto están presentes Inversiones Paduana, SA, de la que es administradora única, María del Pilar Román, y Condeor, SL, sociedad vinculada a Roca. La inmobiliaria fue creada en marzo de 2002 para construir un hotel de lujo en el madrileño Palacio Ángel de Tepa, declarado Bien de Interés Cultural, y que fue intervenido en el caso Malaya.

La semana pasada, Pedro Román recibió su primera condena por un delito urbanístico. La pena, de un año de prisión, no será aplicada hasta que el juzgado correspondiente solicite la ejecución de sentencia, señalaron ayer fuentes judiciales. El que fue principal colaborador de Jesús Gil en el Ayuntamiento cuenta con al menos otras dos condenas anteriores. El pasado febrero fue condenado a pagar una indemnización de más de dos millones de euros para eludir dos años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública y en septiembre de 2000 le impusieron nueve años de inhabilitación para cargo público por el denominado caso camisetas, desvío de dinero del Ayuntamiento de Marbella al Atlético de Madrid.