Una batalla contra el ruido

"A nosotros nos da igual que les imputen, que vayan a la cárcel o no, lo importante es que la justicia ha reconocido que aquí había un delito", asegura Juan José Gómez, miembro de la junta de la Asociación Unión Casa de Campo-Batán, que representa a los casi 12.000 vecinos del barrio.

"Hemos hecho todo lo que hemos podido para que el barrio deje de ser un punto negro", añade. Llevan más de 20 años luchando contra el ruido, pidiendo una solución para un problema que afecta seriamente a los vecinos. Las pancartas que en su día colgaron para protestar, han sucumbido a la contaminación. "Hay un ruido continuo. Es molesto, insoportable y está comprobado que afecta directamente a la salud", asegura Cándida Campiña, presidenta de la asociación, que asegura que técnicos municipales llevaron a cabo mediciones en las se superaron los 60 decibelios -límite máximo recomendado-, se "superaban ampliamente".

"El ruido es continuo, molesto, insalubre; hay mucha gente enferma", aseguran los vecinos

"No hay ley que recoja el derecho al soterramiento", se defiende el vicealcalde

Los vecinos de Batán, un barrio marcado por el tráfico de la avenida de Portugal, se convirtieron ayer en protagonistas del pleno del Ayuntamiento de Madrid. Los pasillos del palacio municipal se transformaron en una pasarela donde concejales de los tres grupos comparecieron para hacer declaraciones. El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ausente durante los últimos días por enfermedad, acudió a la plaza de la Villa (sede del Ayuntamiento) luciendo collarín. Cobo sólo intervino para expresar su "sorpresa" por el proceso abierto en el que están implicados tres ediles populares y explicar que el Ayuntamiento no está obligado a soterrar una vía para reducir el ruido. "No existe el derecho de soterramiento", insistió Cobo.

"No es una cuestión de pedir el soterramiento, lo único que queremos es que el barrio sea habitable, nada más", comentaba por la tarde Campiña en el local de la asociación de vecinos.

La juez Raquel Fernandino, ha imputado a tres concejales del grupo popular -Pilar Martínez, edil de Urbanismo; Paz González, Medio Ambiente; y Pedro Calvo, Seguridad- por un delito de contaminación acústica y atmosférica. La juez considera que los ediles se han inhibido de su obligación de reducir la contaminación en la zona y ahora les pide explicaciones. Los tres concejales han acudido a declarar al juzgado número 45 de la plaza de Castilla.

El vicealcalde explicó que "la avenida de Portugal fue transferida al Ayuntamiento en enero de 2005 antes era titularidad del Ministerio de Fomento". Y agregó: "la carretera de Extremadura sufre ruido desde hace mucho tiempo, antes de que llegáramos al Ayuntamiento, en 2003. No creo que este equipo de gobierno tenga responsabilidad por el ruido que soporta desde hace más de 30 años esta carretera nacional, que durante muchos años ha dependido de Fomento". Por eso, el vicealcalde considera que "el caso será sobreseído". Un portavoz municipal preguntó por qué Madrid tiene que asumir todo el coste de una vía que hasta hace poco era nacional.

Los vecinos de la avenida de Portugal han pedido al Consistorio durante los últimos años que ampliara el túnel que desemboca justo antes de la conexión con la carretera de Extremadura y lo ampliase 1,8 kilómetros hasta la salida de la carretera de Boadilla. Los residentes se quejan del ruido que causan los 150.000 vehículos que cada día circulan por esa vía. Pensaron que con el proyecto de reforma de la M-30 el subterráneo saldría a la luz más adelante -bien entrado en la carretera de Extremadura-, y alejaría los coches, y el ruido, des sus casas, para siempre.

Pero los responsables municipales consideraron técnicamente inviable ampliar el túnel. "Hay una infraestructura que pasa por la zona que impide alargar el túnel", explica un portavoz municipal. "Nosotros no sabemos de cuestiones técnicas, porque no somos ingenieros, pero sí sabemos de problemas graves de salud, que es lo que provoca el ruido", afirma indignada Campiña. "¿Me quieren contar que en pleno siglo XXI hay problemas técnicos para ampliar un túnel?", se preguntaba asombrada Lourdes, una vecina que vive justo en la boca del túnel. Cobo explicó que no se puede obligar al Ayuntamiento a soterrar todos los tramos de carretera que van en superficie. Respecto a la imputación de tres compañeros indicó: "Esto apoya nuestra teoría de que los vecinos más perjudicados son los que no han tenido obras de la M-30", apostilló Cobo.

La portavoz de IU, Inés Sabanés, acudió por última vez a un pleno municipal en el que se debaten asuntos de gestión. Sabanés concurre a las próximas elecciones como cabeza de lista de la coalición para la Asamblea de Madrid y abandona el Ayuntamiento. La edil de IU exigió al equipo de gobierno que asuma sus responsabilidades sobre el procedimiento judicial.

Su homólogo socialista, Óscar Iglesias, también pisó los pasillos para hacer su declaración: "llevamos cuatro años denunciando que en Madrid impera la ley de la selva. En la ciudad no se respetan las normas medioambientales", precisó. Iglesias declaró que "cuando los ciudadanos han ido al Ayuntamiento a pedir explicaciones o a exigir rectificaciones al equipo de gobierno, sólo se han encontrado con un portazo en las narices que les ha llevado en este caso a acudir como último recurso a los tribunales".

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