El limbo marbellí
Ya no existe el limbo. Lo ha eliminado la Iglesia católica. Desapareció ese lugar adonde iban los niños que morían sin recibir el bautismo. Ese misterioso sitio ubicado en la entreplanta del más allá. La Iglesia acaba de dar una nueva solución a un enigma de siglos. Tras muchos años de debate, se bajó del limbo. Por primera vez en la historia el Vaticano va por delante de la sociedad, que aún sigue empeñada en mantener un limbo en la tierra.
Hay un cierto paralelismo entre ese lugar ubicado entre el cielo y el infierno y la situación que durante muchos años se vivió en Marbella. La investigación del caso Malaya levantó el enigma sobre lo ocurrido en esta localidad y cada día se conocen más detalles de ese espacio real que sale a la luz entre la sospecha y la verdad, entre la presunción y la certeza. Sin embargo, transcurrido un año del inicio de la operación se está creando de nuevo en Marbella otro lugar vacío en tierra de nadie. Un limbo en el limbo que se ha colado entre la presunción de inocencia y el sentido común; entre las necesarias diligencias policiales, las escuchas telefónicas, los derechos y las garantías procesales, las detenciones, las imputaciones, las libertades bajo fianza y la apertura del juicio que tendrá que llegar y que deberá determinar las responsabilidades de cada uno.
A la espera de que llegue ese momento, en el Ayuntamiento de Marbella se suceden cosas extrañas. Mientras los 16 miembros de la Comisión Gestora que gobierna el Ayuntamiento prepara las maletas para dar entrada a la nueva corporación, algunos de los imputados en la operación Malaya, así como varios cargos de confianza de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, vuelven con sorprendente normalidad a su puestos tras declararse nulos sus despidos. En tanto se preparan para irse los gestores encargados de devolver la legalidad al consistorio, van saliendo sentencias que obligan a reincorporar a algunos de los supuestos responsables de su degradación.
Por eso en el Ayuntamiento de Marbella se está creando ahora un nuevo limbo, el administrativo. Y a ese sitio han mandado al cuatro veces imputado jefe de la Policía Local, con sueldo y galones pero sin mando operativo. Al seis veces mileurista jefe de prensa de Marisol Yagüe, que hay que reubicar en el gabinete de comunicación, pero sin comunicarse con nadie. A algunos que otros ex concejales con plaza de funcionario en el consistorio y a un montón de enchufados en las empresas municipales que ya no tienen enchufes. Todos cobrando de las mismas arcas municipales que presuntamente han contribuido a dejar exhaustas.
Sobre ese limbo, hay otros. Isabel García Marcos ésta en el limbo administrativo del SAS. De inspectora médica, cobrando sin inspeccionar. Carlos Fernández, sigue fugado y escondido en vaya usted a saber en qué rincón del limbo. Y ahora Pedro Román, que tras varios años creyendo que la Justicia y la policía estaban en el limbo, se encuentra en situación de busca y captura.
Entre la presunción de inocencia y la condena firme existe un lugar intermedio que hay aceptar, aunque a veces cueste entenderlo. En su labor de depuración de las cuentas municipales, la gestora se vio obligada a despedir a 17 ex altos cargos de confianza contratados en la época de GIL y que cobraban sueldos de entre 4.000 y 10.000 euros mensuales. Sólo era una pequeña parte de la obesa plantilla heredada del gilismo. A pesar de ser así, los jueces han declarado improcedentes algunos de estos despidos. El convenio de los trabajadores del entramado de empresas municipales creado por el GIL establece que en caso de despido improcedente, los empleados tendrían derecho a reincorporarse a su puesto o a ser indemnizados. A esta última opción, también se han acogido otros ex concejales que estuvieron en la plantilla del consistorio. Esta es la garantía que tiene cualquier ciudadano en un Estado de Derecho, la de su presunción de inocencia mientras no se demuestre formalmente lo contrario. Pero ninguna de esas formalidades mitiga que uno tenga la sensación de que en Marbella se sigue viviendo en el limbo.
