Cuartel de Roquetas

Las acusaciones particular y popular recurrirán, por considerarla benévola, la sentencia que condena a 15 meses de prisión, por un delito de atentado no grave contra la integridad moral, al teniente del cuartel de la Guardia Civil de Roquetas, Almería, en el que hace casi dos años falleció un paisano tras ser golpeado por ese y otros agentes, dos de los cuales han sido condenados por sendas faltas de lesiones con el agravante de abuso de superioridad. El conocido como caso Roquetas provocó una comparecencia parlamentaria del entonces ministro del Interior, y se consideró decisivo en la sustitución, nueve meses más tarde, del director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche.

El proceso, en el que hubo nueve guardias acusados, y en el que se llegaron a pedir penas de 14 años para el teniente (y 10 para un agente) por varios delitos, incluido uno de homicidio, y en el que también se planteó la existencia de un posible delito de tortura, dio un giro ante el informe de los forenses, que establecieron como causa del fallecimiento "una reacción adversa a las drogas" consumidas por el fallecido, el agricultor Juan Martínez Galdeano. En la vista oral los forenses admitieron que otros factores pudieron "precipitar" el desenlace, pero también que el cuadro de "delirio agitado" que presentaba (a causa de la cocaína) era causa suficiente para provocar la muerte.

Uno de los abogados de la acusación opinó ayer que con esta sentencia "se abre la veda" para que cualquier persona que haya consumido cocaína pueda ser "apaleada hasta la muerte en un cuartel". Es una acusación muy grave y sin duda exagerada, puesto que no ha habido impunidad, sino condena; pero es también una acusación inquietante, que ojalá consiga aclarar el Supremo cuando se pronuncie sobre el recurso anunciado. Que el delirio causado por las drogas pueda producir la muerte no excluye la hipótesis de que ese desenlace tal vez hubiera podido evitarse con un trato menos violento (la sentencia habla de "actitud denigrante y de prepotencia hacia el detenido").

Si el Supremo confirma la sentencia, uno de sus efectos será la expulsión del cuerpo del teniente José Manuel Rivas. La investigación interna abierta por la Guardia Civil tras los hechos reveló que el oficial había intentado ocultar parte del material probatorio (la defensa eléctrica, ilegal, con que golpeó al detenido, y una parte de la grabación en vídeo). Ése fue uno de los motivos de que fuera alejado del cuartel y separado del cargo casi de inmediato. La sentencia, benévola o no, da la razón a aquellas medidas cautelares de la institución, y se la quita al entonces director general, Gómez Arruche, que provocó la indignación de mucha gente con unas rutinarias declaraciones en las que parecía quitar importancia a lo ocurrido en el cuartel de la localidad almeriense.