Los promotores cederán a la Xunta el 5% del suelo para pisos protegidos

Los promotores de suelo urbanizable de uso residencial deberán ceder a la Xunta al menos el 5% de la superficie total, para destinarla a viviendas de promoción de titularidad pública. Esta es una de las principales novedades de la futura ley de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, que eleva al 40% el terreno que los principales municipios deben reservar a viviendas sociales. Las conselleiras de Política Territorial y Vivenda presentaron ayer juntas el proyecto legal, después de exhibir en público meses atrás sus divergencias.

El anteproyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo establece un 30% de reserva obligatoria para viviendas protegidas para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que se elevará al 40% en los que superen esa población. La ley, que entrará en vigor antes de que finalice el año, modifica ocho artículos de la Ley del Suelo de Galicia, y obligará a todos los ayuntamientos con planes generales en tramitación a contemplar las nuevas exigencias.

El anteproyecto de ley fue presentado oficialmente por las conselleiras de Política Territorial, María José Caride, y de Vivenda, Teresa Táboas, que en noviembre pasado discreparon sobre la reserva de suelo, en la actualidad fijado en el 20%. La nacionalista Táboas abogó por incrementar los porcentajes, a lo que Caride, del PSOE, replicó que una medida semejante requería un cambio en la Ley del Suelo. Tras las divergencias, técnicos de ambos departamentos se pusieron a trabajar en un proyecto que entrará en el Parlamento en las próximas semanas.

Además de la reserva de suelo que deberán contemplar todos los planeamientos, la ley establece nuevas figuras destinadas a conseguir que el 40% de las viviendas que se construyan en cada ayuntamiento sean de protección. Una de ellas es el 5% de suelo urbanizable con uso residencial que cada promotor deberá ceder a la Xunta para vivienda protegida. Esa vivienda será siempre de titularidad pública y se ofrecerá exclusivamente en régimen de alquiler a las rentas con más bajas.

Esta obligación, que afecta a planes de sectorialización y parciales, permitirá crear una bolsa de suelo de titularidad autonómica para vivienda protegida, algo que Táboas consideró "totalmente novedoso en Galicia". Hasta ahora, cuando la Xunta promovía vivienda tenía que adquirir el suelo por compra, por expropiación o mediante una cesión de los ayuntamientos. La nueva bolsa de terrenos gratuitos y sin cargas quedará inventariada en un registro de la Consellería de Vivenda.

Otra novedad del anteproyecto de ley consiste en la obligación que establece para que los ayuntamientos destinen la mitad del aprovechamiento lucrativo a pisos sociales. La Ley del Suelo establece la cesión del 10% de todos los aprovechamientos urbanísticos lucrativos a los municipios, para engrosar lo que se conoce como "patrimonio municipal de suelo". Ese porcentaje se puede destinar hasta ahora a usos dotacionales, equipamientos y vivienda protegida, aunque en la práctica muchos alcaldes optaban por monetarizarlo. Con la reforma presentada ayer, todos los ayuntamientos deberán destinar la mitad de ese aprovechamiento a construir viviendas con algún tipo de protección y se prohíbe su sustitución por una cantidad en metálico.

Acompasar las obras

Para evitar que los promotores den prioridad a la vivienda libre y posterguen indefinidamente la protegida, la nueva ley incorpora la obligación de construir los dos tipos de pisos de forma simultánea, una determinación que no recoge la Ley del Suelo de Galicia. En ese sentido, la normativa establece textualmente que los plazos que se establezcan para cumplir los deberes de edificación para las viviendas de protección "no podrán ser superiores a los que se fijen para edificar las viviendas libres".

Las reservas de suelo para viviendas protegidas deberá localizarse de forma que se evite su concentración, con el objetivo de favorecer la cohesión social e impedir nuevos ensanches urbanos separados por niveles de renta. "No queremos guetos", resumió María Xosé Caride.

El PP no tardó en tachar de "sospechoso" que Táboas y Caride presentasen "en amor y compañía" la nueva ley, cuando llevan "dos años enfrentadas". Para la portavoz de Urbanismo del PP, Pilar Rojo,

se trata de un "golpe de efecto mediático" ante las elecciones municipales, para resolver los problemas del bipartito a base de leyes de medidas urgentes de "dudosa eficacia".