La Xunta no ve obligaciones jurídicas en el pacto secreto de Fraga sobre Reganosa

El pacto secreto que el ex presidente Manuel Fraga firmó en 2000 con empresas privadas para acelerar los permisos y garantizar la rentabilidad de la planta de gas de Ferrol no supone una "obligación jurídica" para el bipartito. Un informe de la asesoría jurídica de la Administración autonómica concluye que el convenio contiene "recomendaciones sobre líneas de actuación y estudio de posibles ayudas" que Fraga no sometió a aprobación en el Consello da Xunta. Los letrados admiten que "no es normal" que un acuerdo del Gobierno contenga una cláusula de confidencialidad.

Fraga se comprometió en un acuerdo confidencial con los máximos responsables del Grupo Tojeiro, Endesa, Fenosa, Caixa Galicia y la argelina Sonatrach a tramitar "con la máxima celeridad" los permisos para la planta de gas, a estudiar subvenciones y a "analizar los mecanismos adecuados para mantener su viabilidad económica".

La asesoría jurídica de la Xunta considera que este convenio, que consta en los registros de la Consellería de Economía, no contiene "obligaciones de rango jurídico" para el bipartito. "No supone en ningún caso que la Xunta tenga que conceder ayudas para mantener la rentabilidad del proyecto", sostienen los letrados en el informe, "sino un compromiso para estudiar si sería o no factible que pudiesen llegar a concederse en ese hipotético caso". Fuentes del Gobierno gallego aseguran que la Xunta nunca ha otorgado subvenciones a la regasificadora en la que participa accionarialmente.

Para la asesoría jurídica, el convenio, que fija la ubicación de la planta en el interior de la ría por razones de rentabilidad, es un "protocolo de intenciones" que, aunque "está vigente", puede ser denunciado por la Administración autonómica en cualquier momento. Los letrados de la Xunta admiten que "no es normal ni habitual" que un acuerdo del Gobierno tenga una cláusula de confidencialidad como la del pacto que suscribió Fraga en 2000.

"Ni confirmo ni desmiento ese acuerdo", señaló ayer el conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio. El ex responsable de este departamento en la Xunta de Fraga, José Antonio Orza, eludió referirse al pacto, al igual que el grupo parlamentario del PP. El alcalde de Mugardos, el municipio donde se asienta Reganosa, dice desconocer su existencia. Xosé Fernández Barcia (BNG) defiende que la instalación es "estratégica", aunque admite que la ubicación no es la adecuada. "Pero era el proyecto que había para Galicia", alega.

Por otra parte, un vertido de "espuma blanca" del tamaño de un "campo de fútbol" según los mariscadores de Ferrol, generó ayer alarma en el dique de la planta en construcción. Varios mariscadores se desplazaron hasta la regasificadora para pedir "explicaciones" por el suceso. Fuentes de la compañía aseguraron que el derrame se trata de agua "batida y oxigenada", sin agentes químicos añadidos.

La policía portuaria levantó acta del vertido y se lo comunicó a la Consellería de Medio Ambiente. Los mariscadores desconfían de Reganosa y amenazan con regresar el lunes a la planta para abordar el dique y bloquear el paso de los metaneros cuando empiece a funcionar. "No tienen derecho a actuar como actúan", afirman.