Outeiro de Rei no cumplió los trámites al empadronar a ancianos y reclusos

Fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Lugo reconocieron que en Outeiro de Rei "no se respetó el procedimiento" en la tramitación de altas de internos del centro penitenciario de Bonxe y de ancianos asistidos de una residencia geriátrica en el padrón, porque se efectuó, en casi todos los casos, sin consentimiento de los afectados.

Los trámites censales se iniciaron en verano de 2006, cuando la prisión acumulaba unos 500 reclusos, y hace algo más de un mes el INE ya anuló entre 60 y 70 altas, todas ellas de internos de la prisión.

Ayer, Juan Carlos Araújo, representante legal de una anciana de la residencia Carlos IV, reclamó en el INE la apertura de una investigación porque su familiar fue censada en Outeiro de Rei "sin que nadie le hubiera comunicado nada". Araújo se plantea llegar con el tema a la Fiscalía.

Mientras tanto, el alcalde, el popular José Pardo Lombao, aseguraba ayer que, según la Ley Orgánica de Protección de Datos, no es preciso el consentimiento de los afectados "cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las administraciones públicos en el ámbito de su competencia". No obstante, Lombao afirma que a través del servicio de correos se notificó personalmente a los interesados su alta censal, por lo que, asegura, todos, excepto 50 casos cuyas altas se declararon como nulas, tuvieron conocimiento del procedimiento de alta de oficio.

El presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, se refería también a este caso y aseguraba que el alcalde le dijo que "el objetivo de estos empadronamientos no fue electoral, sino económico". Según Feijóo, "queda claro que el ayuntamiento actuó conforme a la ley".

Sin embargo, desde el INE se insiste en que el sistema seguido en Outeiro de Rei fue "totalmente atípico" porque sólo la sección provincial del consejo de empadronamiento puede aprobar una alta censal si no existe la conformidad de la persona afectada.

Aunque en el geriátrico la polémica se vivió con tranquilidad, no sucede lo mismo en Bonxe, donde algún interno se encontró "con problemas importantes", tal y como denunció el portavoz local del BNG, Xaneco Tobío. Un recluso perdió una vivienda social que estaba a punto de recibir al causar baja en el censo de su municipio de origen, y otro interno que se disponía a viajar de permiso a Canarias se enteró de su nueva situación censal cuando tramitaba el billete: le comunicaron que ya no tenía derecho a la bonificación del 50% porque ya no residía en las islas.

Tobío criticó la mala gestión del censo que hace el ayuntamiento, ya que este municipio, limítrofe con el de Lugo, duplicó en 12 años sus viviendas (de 1.000 a 1.900, en nuevas urbanizaciones) sin que apenas se registraran variaciones en el padrón.