Padres, sindicatos y oposición exigen el cambio del decreto de admisión de alumnos

El desarrollo autonómico de la Ley Orgánica de Educación (LOE) del Gobierno socialista, que formalmente tiene que empezar a aplicarse en septiembre, ha encontrado ya su primer escollo entre las comunidades que gestiona el PP que se opone frontalmente a la nueva ley. La primera norma legal de la LOE aprobada por la Generalitat -que afecta al procedimiento de matriculación y admisión de los más de 700.000 alumnos escolarizados en los 1.400 centros públicos y privado-concertados del sistema educativo valenciano- ha provocado el rechazo en bloque de la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya, de los sindicatos mayoritarios del sector educativo como son el STEPV, CC OO y UGT, así como de la Federació Escola Valenciana y de los cuatro partidos de oposición de izquierdas (EU, Esquerra Republicana, el Bloc y el PSPV-PSOE).

En un Manifiesto por el Cambio del Decreto de Admisión de Alumnos firmado ayer conjuntamente, los agentes sociales reclaman al Gobierno autonómico del popular Francisco Camps la "modificación" de varios artículos de decreto valenciano que, en su opinión, son la piedra angular para evitar el desmantelamiento de la red pública mediante el "desvío" de matrícula en la mayoría de distritos educativos o "áreas de influencia" hacia las grandes patronales privadas del sector, cuya mayoría de colegios están subvencionados con dinero público.

"El artículo 87.4 de la LOE ordena que los centros públicos y concertados están obligados a escolarizar a sus alumnos hasta el final del tramo obligatorio", concreta el Manifiesto. Dado que en la red pública la enseñanza Primaria y la Secundaria se imparten en centros diferentes, incluso a veces esto afecta al nivel de Infantil y de Bachillerato, la LOE considera que una vez matriculado en un colegio un alumno está "automáticamente adscrito a su centro de destino", además de que tener hermanos en uno de los dos centros debería de computar a favor. Sin embargo, el decreto valenciano "desconoce el mandato legal de la LOE", sostiene el Manifiesto, y sólo lo mantiene para la red concertada que tiene todos los niveles, normalmente en el mismo edificio.