Problemas sobre la mesa

El nuevo inquilino del Elíseo no lo tendrá fácil. Francia está en crisis. Su economía registra el menor crecimiento de Europa. Los políticos, los pensadores, los economistas, utilizan sin ambages el término "decadencia", sea para certificar el pesimismo que reina en el país, sea para rechazar que les vaya tan mal. En los últimos 25 años, la renta per cápita de los franceses ha pasado de ser la séptima más alta del mundo al 17º lugar.

Cuando, tras 12 años de una considerable parálisis, el sucesor de Jacques Chirac asuma la jefatura del Estado, se encontrará sobre la mesa una deuda pública gigantesca, de más de 1,1 billones de euros, cuyos intereses se comen íntegramente lo que el Tesoro ingresa por el impuesto sobre la renta. Consecuencia -y origen- de esto es una tasa de desempleo todavía alta: la mayor de la zona euro, que las cifras oficiales sitúan en el 8,4%, pero que los expertos de Eurostat, en Bruselas, suben hasta cerca de un 9%, lo que explica a las claras las piruetas contables que el Gobierno de Dominique de Villepin ha tenido que hacer para reducir el porcentaje de parados que, cuando llegó a la cabeza del Ejecutivo en 2005, superaba el 10%.

Los intereses de una deuda pública de más de 1,1 billones se comen todo el IRPF

Dos problemas que derivan en un tercero: la reforma del modelo laboral, extraordinariamente rígido y muy costoso, tanto en lo que se refiere a los costes sociales a que deben hacer frente las empresas -con la pérdida de competitividad que esto supone- como al montante de las subvenciones y desgravaciones fiscales que el Estado concede a las empresas.

Todos los intentos de flexibilizar el modelo laboral, que básicamente se divide en un contrato fijo con todo tipo de seguridades y uno precario sin ninguna garantía, han fracasado. Hace un año, Villepin se vio obligado a retirar el famoso contrato para jóvenes cuando las protestas llenaron las calles.

La productividad francesa es baja. No lo es por hora trabajada, pero la semana laboral de 35 horas instaurada por el Ejecutivo socialista de Lionel Jospin ha tendido el doble efecto de reducir la productividad global y deteriorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Tocar este derecho adquirido parece, de entrada, imposible, pero todos los candidatos saben que es decisivo.

El fantasma de las deslocalizaciones industriales ha pesado fuerte durante esta campaña. La crisis del buque insignia de la aeronaútica europea, Airbus, y el consiguiente plan de restructuración con su obligada pérdida de empleo, ha sido uno de los temas de la campaña.

Si quiere impulsar la economía, el nuevo inquilino del Elíseo tendrá que doblegar la resistencia de buena parte de la sociedad a aceptar que Francia vive también en un mundo globalizado e incluso saca importantes beneficios de ello. Sin embargo, el peso del sector público -la mitad del PIB- es excesivo para competir. El nuevo presidente deberá iniciar una reforma del Estado; una máquina enorme, que emplea al 22% de la población activa y que cuenta con más de cinco millones de funcionarios.

En el campo de lo social quienes accedan al poder se encontrarán también sobre la mesa el problema de la discriminación, que es en el fondo lo que algunos agitan como "inmigración", cuando en realidad se trata de la falta de la distorsión que ha creado entre los franceses de origen inmigrante o que proceden de familias extranjeras, para acceder al ascensor social que la República se jactaba de ofrecer a sus hijos.

Las rebeliones de las barriadas en otoño de 2005 pusieron precisamente en evidencia este problema, más allá de la violencia o los actos vandálicos que se produjeron.