Un juez abre diligencias penales contra el alcalde de Punta Umbría

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Huelva ha abierto diligencias penales contra el alcalde de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino, del PP, ante la negativa reiterada del regidor popular, eludiendo incluso resoluciones judiciales, a convocar la junta general de la sociedad municipal Radio Televisión de Punta Umbría, solicitada por el grupo socialista en la localidad costera.

El auto atiende a la querella presentada por el grupo municipal del PSOE el 21 de marzo de 2007. Los socialistas pidieron la celebración de la junta general una vez que el alcalde perdió la mayoría absoluta de la que gozaba en ese Ayuntamiento tras la marcha de dos de sus concejales en marzo y septiembre pasado. El alcalde está obligado a convocar la reunión si la solicitud viene tramitada por la mayoría de sus miembros, en este caso por los siete ediles del PSOE. La Corporación, tras la pérdida de la mayoría absoluta del PP, quedó conformada por ocho ediles del PP, siete del PSOE y los dos concejales no adscritos.

La celebración de la junta general tenía como cometido la votación de la modificación de sus estatutos, que posibilitaría que dicho organismo, donde deben estar representados todos los grupos políticos, gozara de mayor capacidad de decisión de la que posee hasta ahora y evitaría el control personal ejercido por el presidente y alcalde.

El secretario local del PSOE, Juan Francisco Pomares y concejal del Ayuntamiento de Punta, uno de los firmantes de la querella, afirmó ayer que su partido "se vio obligado a adoptar esa decisión después de que el alcalde hiciera caso omiso, en tres ocasiones, al requerimiento del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Huelva de convocar esa reunión". El juzgado onubense había reiterado al regidor la convocatoria de la junta general el 14 de diciembre de 2006, el 26 de diciembre de ese mismo año y 9 de febrero de 2007. Juan Francisco Pomares afirmó: "El alcalde se ha negado de forma sistemática, pero ya no lo pedíamos únicamente los socialistas sino que era un requerimiento judicial".

El juez, tras estimar la querella, "ve indicios de presunto delito de prevaricación, por el incumplimiento reiterado, arbitrario y a sabiendas de denegar la convocatoria de la junta general". También considera la comisión de "presuntos delitos societarios por no permitir a los querellantes su derecho a participar en la gestión de la sociedad, abusando de su posición y gestionando a través de una mayoría ficticia ese organismo". Además, entiende que "por el incumplimiento de las medidas cautelares, el querellado ha cometido un presunto delito de desobediencia continuada".

En la querella del PSOE se recoge que la "voluntad del alcalde y presidente de la sociedad municipal no es otro que tener un control de la radio televisión local y mantener una línea informativa que le sea favorable ante la cercanía de las elecciones municipales". Y agrega: "Hernández Cansino se está prevaliendo de su cargo, toda vez que la condición de alcalde es innata a la de presidente de la sociedad para evitar a toda costa, aún incumpliendo resoluciones judiciales, que se celebre la junta general y se pueda aprobar una modificación de los estatutos que determinaría mayor control de la política informativa por este órgano, que garantizaría una pluralidad ante las elecciones municipales".

El auto ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal y advierte de que, contra la resolución, se pueden presentar "recurso de reforma", en el plazo de tres días y "subsidiariamente con el anterior o por separado recurso de apelación", en el plazo de cinco días.