Patxi López anima a los discapacitados a recurrir a los tribunales si no se les reconocen sus derechos

El secretario general del PSE, Patxi López, animó ayer a todos los ciudadanos discapacitados a recurrir a los tribunales en el caso de que la Administración vasca no les reconozca los derechos y las prestaciones recogidas en la ley de Dependencia, aprobada por el Congreso y de aplicación en toda España. López salió así al paso de las críticas lanzadas el viernes por el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, quien acusó al Gobierno central de "vender humo" por permitir la entrada en vigor de dicha ley sin aprobar los decretos para su desarrollo y, por lo tanto, sin la posibilidad de prestar los servicios que la norma recoge.

El caso es que la ley de Dependencia ya está aprobada y los discapacitados pueden solicitar desde este mismo mes a las diputaciones que les evalúen su grado de minusvalía, pero todavía no se han aprobado las prestaciones ni qué parte de la asistencia tendrá que pagársela el ciudadano de su bolsillo. Mientras estas cuestiones sigan abiertas (el Gobierno central debe consensuarlas con las autonomías) y no se elaboren los decretos oportunos, no se pueden prestar los servicios.

López recalcó en Bilbao durante un acto de presentación de los candidatos de las Juventudes Socialistas a las elecciones municipales del próximo mes de mayo que la ley de Dependencia "está en vigor y se va a aplicar en Euskadi". "Los ciudadanos tienen derecho a que su situación de dependencia sea valorada por las autoridades pertinentes y a que se les reconozca el derecho a una prestación, en los términos y con los baremos que la ley establece". En esta línea, el líder del PSE añadió que los socialistas no van a tolerar que "todos estos avances sociales sean frenados en el País Vasco por quienes, por excusas competenciales a veces inventadas, tienen que ponerlos en marcha".

López también arremetió contra la presentación del anteproyecto de ley de Servicios Sociales que ha hecho Madrazo porque "no está consensuado y es rechazado por las diputaciones".