Un ayuntamiento del PP de Lugo censó a presos y ancianos sin su permiso

Reclusos del centro penitenciario de Bonxe y ancianos de la residencia Carlos IV -ubicados ambos centros en el municipio de Outeiro de Rei (Lugo)- denunciarán ante el Instituto Nacional de Estadística (INE) haber sido incluidos en el padrón de este ayuntamiento sin su consentimiento. Estos empadronamientos no tendrán ningún efecto con vistas a las próximas elecciones, puesto que se hicieron cuando el censo ya estaba cerrado. El alcalde, el popular José Pardo, ampara la medida en criterios estrictamente económicos.

El aumento de vecinos no repercutirá en las elecciones porque el censo estaba ya cerrado

Pardo explica: "Que nadie olvide de que los ingresos de un ayuntamiento varían en función del número de habitantes, y no estoy dispuesto a perder algo que nos corresponde. Geriátrico y centro penitenciario están en nuestro municipio y nosotros somos quienes les facilitamos los servicios", subraya.

El Ayuntamiento de Outeiro de Rei, gobernado por el Partido Popular, con mayoría absoluta, solicitó a ambos centros que le facilitasen un listado de los internos que llevaban más de seis meses en ellos para incluirles en el padrón municipal. Gracias a los nuevos censados, el municipio, limítrofe con Lugo, superó la barrera de los 5.000 habitantes. El centro penitenciario cuenta con más 300 reclusos y el geriátrico acoge a 152 internos.

Las nuevas incorporaciones permiten a Outeiro de Rei convertirse en un ayuntamiento de segunda categoría, aunque todo ello quedará supeditado al resultado de las denuncias que van a presentar ante el INE algunos de los afectados. Este aumento de población permite a este ayuntamiento tener 13 concejales y no los 11 actuales. De todas formas, los nuevos censados no podrán votar en los próximos comicios del 27 de mayo porque el censo electoral ya estaba cerrado.

Fuentes penitenciarias confirmaron el "malestar" de algunos reclusos por su inclusión en Outeiro de Rei sin haber sido consultados. El enojo, explicaron las mismas fuentes, es especialmente significativo entre los presos canarios, puesto que no podrán disfrutar de bonificaciones en sus desplazamientos a las islas cuando su régimen penitenciario se lo permita. Varios reclusos han pedido información sobre los pasen que deben dar para pedir que se anule la inscripción, que consideran "irregular", según los mismos medios. Entre los empadronados hay reclusos que ya no están en este centro penitenciario.

En la residencia Carlos IV, de gestión privada, también se han levantado voces críticas con el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de Outeiro. El representante legal de uno de los ancianos empadronados confirma a EL PAÍS que "nadie" del ayuntamiento le informó de la intención del ayuntamiento de censar a su tutelado en Outeiro. "Me enteré de esta circunstancia y acudí a la dirección del centro a pedir explicaciones", destaca este representante legal, que también tiene una tía en ese centro. "Me dijeron", añadió, "que habían recibido una petición del ayuntamiento para empadronar a todos los residentes con más de seis meses de estancia en el centro. Pero ni a la persona que represento ni a mí nos ha comunicado nadie nada. Mi tía es otra de las censadas sin su autorización. Y ahora se encuentra con que en lugar de estar censada en Lugo, lo está, sin su consentimiento, en Outeiro de Rei".

Este representante anuncia que el próximo lunes acudirá al INE a presentar "la correspondiente reclamación" y para solicitar que se abra "una investigación". En función de lo que determine el INE "veré si traslado esto a la fiscalía", comentó.

El director de la residencia, Jorge Jubells, confirmó, por su lado, la petición desde Ayuntamiento del listado de internos. Fue una petición realizada por escrito y en las que se mencionan "los articulados correspondientes". "Presumo la buena fe de la Administración", dijo Jubells, quien comentó que ignoraba el uso que se ha dado al listado. También señaló que desconocía si se ha pedido permiso a los ancianos para censarles.

La ley obliga a los ayuntamientos a informar a los afectados que son empadronados de oficio. El alcalde no ha aclarado si se ha informado a los afectados. "Eso es una cuestión administrativa. Los servicios administrativos de este ayuntamiento funcionan bien y creo que se comunicó en todos los casos", argumentó.

El portavoz del grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Arcadio Lombao, reconoce el derecho del ayuntamiento a realizar empadronamientos. "Pero aquí siempre fallan las formas", dice, y agrega: "Tenemos constancia de gente a la que no se consultó su nueva situación censal. Vamos a solicitar las oportunas explicaciones y veremos si procede adoptar otro tipo de iniciativas".

El secretario provincial del PSOE de Luego, Luis Ángel Lago Lage, cree que en este caso se han podido alterar "todos los procedimientos", dado que se ha censado a personas "sin su consentimiento". Lago señala que se va a consultar la situación al INE y, "si hace falta, se pedirán responsabilidades judiciales".