Los préstamos de hielo

LA REFORMA de la ley orgánica de 1987 sobre financiación de los partidos políticos fue aprobada el pasado miércoles por la Comisión Constitucional del Congreso con el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto el PP; fijada para el 10 de mayo la votación del Pleno de la Cámara Baja, todo hace suponer que -salvo una precipitada disolución de las Cortes- la nueva ley orgánica entrará en vigor en esta legislatura, dando así cumplimiento al compromiso adquirido por el presidente del Gobierno. En cualquier caso, no dejan de tener fundamento los recelos de los ciudadanos sobre las motivaciones de la clase política para demorar tanto tiempo la reforma (encallada en 1997 después de pasar el trámite de la ponencia) de una normativa cuyos defectos le ha permitido a lo largo de 20 años blanquear sin riesgos penales subvenciones en dinero negro. Porque los partidos son juez y parte en ese pleito: la legislación sobre el cuantioso importe de la financiación presupuestaria y las restricciones a las donaciones privadas es tarea de sus grupos parlamentarios.

La enmienda del PP para prohibir la condonación de los créditos concedidos por los bancos y las cajas toca un nervio sensible de la abusiva estrategia adoptada por los partidos en este terreno

La nueva ley traza las fronteras de la financiación legal de los partidos; la aplicación de sanciones por traspasar esas lindes corresponde al Tribunal de Cuentas, que no es un órgano judicial -pese a su despistante nombre-, sino administrativo. Pero la recuperación de la plena confianza de los ciudadanos en los partidos exigiría además una reforma del Código Penal que tipificara criminalmente y castigara con dureza las prácticas de financiación ilegal específicamente delictiva en que han venido incurriendo con descaro las formaciones políticas con parcelas de poder en los ámbitos municipal, autonómico o estatal. Mientras los partidos no se apliquen a sí mismos -a sus dirigentes y cargos públicos- las mismas normas penales que rigen para el resto de los ciudadanos, la demagogia irresponsable contra la partitocracia seguirá alimentándose de los escándalos asociados a las comisiones ilegales cobradas por las fuerzas políticas a cambio de recalificaciones urbanísticas, concesiones de obras y servicios, licencias municipales o contratas de obras públicas.

La reforma respeta la doble vía, pública y privada, para la financiación de los partidos. El dinero público continúa subvencionando los gastos anuales de funcionamiento de las formaciones representadas en el Congreso, las medidas de seguridad frente a la amenaza terrorista, las campañas electorales, los grupos parlamentarios y las fundaciones. La principal novedad de la norma modificada es su propósito de garantizar la total transparencia de la financiación privada: no en vano la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas detectó casi nueve millones de euros de donaciones opacas (en un 93% favorables al PP, CiU y PNV) en el ejercicio de 2003. A partir de ahora, las aportaciones de las personas físicas o jurídicas no podrán ser anónimas ni exceder de los 100.000 euros anuales (y de los 150.000 euros para las fundaciones) por donante individual.

El PP se descolgó del acuerdo general de la ponencia y presentó en la comisión varias enmiendas al texto. La oposición de los populares al aumento de la subvención presupuestaria anual para los gastos de funcionamiento de los partidos suena demagógica. La inferencia galopante según la cual el procedimiento para suspender las subvenciones a los partidos en curso de ilegalización significaría abrir las puertas a la financiación de Batasuna carece de fundamento lógico. La propuesta de mencionar a las constructoras y promotoras dentro del apartado que prohíbe las donaciones de las empresas relacionadas contractualmente con la Administración parece superflua. Pero la enmienda del PP -sean cuales sean sus motivaciones últimas- para endurecer las condiciones de negociación de las deudas con bancos y cajas y para prohibir las condonaciones de créditos toca un nervio sensible de la abusiva estrategia adoptada históricamente por los partidos (también los populares de Fraga y Aznar) en este terreno: la recepción de donaciones encubiertas como créditos que no se pagan nunca y que terminan por evaporarse financieramente como barras de hielo expuestas al sol.