¿Es la mejor fórmula?

Los ministros de Justicia de la Unión Europea acordaron ayer en Luxemburgo castigar como delito la incitación al racismo y la xenofobia. El acuerdo, por muy bienintencionado que sea, está aderezado de ambigüedades y excepcionalidades, por lo que al final habrá que preguntarse sobre la conveniencia y utilidad de llevarlo adelante. Ha sido Alemania la que, aprovechando su presidencia comunitaria este semestre, decidió promover una iniciativa que los socios europeos venían ya discutiendo desde hacía cinco años sin que hubiera hasta ahora un principio común. El acuerdo incluye la reserva del Reino Unido, Irlanda y los países escandinavos, que siempre se han resistido a legislar sobre estos fenómenos por temor a que ello signifique un ataque a la libertad de expresión.

Una vez que esta decisión marco sea aprobada por el Consejo de Ministros, la UE establecerá penas de entre uno y tres años de cárcel para las incitaciones a la violencia contra grupos por su origen étnico, nacional, racial o religioso, así como la negación o trivialización de los crímenes contra la humanidad o los genocidios reconocidos por tribunales internacionales. Ello afecta a la negación del Holocausto o los crímenes nazis, que están ya penados en nueve países de la Unión, pero paradójicamente excluye los excesos del estalinismo, como pretendían Polonia y los países bálticos. Sin embargo, el texto deja a cada Estado la posibilidad de establecer salvaguardas para preservar el derecho de opinión e incluso no castigar expresiones racistas que no inciten a la violencia.

Parece muy lógica la reserva mostrada por esa media docena de socios comunitarios, dado que resulta muy discutible que tipificar como delito, por ejemplo, la negación del Holocausto o el genocidio armenio en Turquía garantiza la erradicación de la xenofobia y el racismo en una sociedad tan multicultural como es hoy Europa. De un lado, porque la penalización de actos de esta clase no resultará sencillo de aplicar; y de otro, porque con iniciativas semejantes se pretende indicar que son los poderes públicos los responsables de legislar el relato de la historia, lo que a todas luces es absurdo y equivocado. No es de excluir que con estas prohibiciones se obtenga la reacción contraria, es decir, que los grupos que propugnan el odio racista y xenófobo exploten su complejo de persecución.