Pujol, Molins y Cullell niegan que Mercè Sala y Borrell ofrecieran el traspaso de Cercanías a la Generalitat

Ni oferta oficial ni oferta oficiosa ni oferta de rebajas. Mercè Sala no ofreció al Gobierno catalán el traspaso de Cercanías en 1993. Lo afirmaron ayer con absoluta rotundidad dos ex consejeros de Política Territorial en los gobiernos de CiU: Joaquim Molins y Josep Maria Cullell. El ex presidente Jordi Pujol emitió un comunicado del que también puede deducirse que niega la versión dada anteayer (y repetida ayer) por Mercè Sala.

Las explicaciones de Jordi Pujol no niegan de forma explícita lo dicho por Mercè Sala. Al contrario, sirven para entender por dónde fueron los tiros. El comunicado de Pujol tiene seis puntos. En el primero recuerda que el Gobierno catalán reclamó hasta dos veces el traspaso de Cercanías y sugiere que el Estatuto de 1979 hacía una reserva a favor del Gobierno central que dificultaba el entendimiento. El segundo punto señala que la sentencia del Tribunal Constitucional de 1996 consagraba esta reserva.

El punto cuatro del comunicacio de Pujol, sin embargo, es el que da la clave: "El Gobierno central -tanto en tiempos del PSOE como del PP- siempre había advertido de que este traspaso -si se hacía- se haría sin la financiación que el estado de la infraestructura requería" y a continuación recuerda que el modelo era el tren de la Pobla, que CiU no aceptó porque no iba acompañado de la inversión para hacerlo competitivo.

Y para que quede claro, Pujol añade en el punto quinto: "Vale la pena recordar que tradicionalmente -con o sin razón- los traspasos que conseguía la Generalitat eran objeto de dura crítica porque se decía que estaban mal valorados y cargaban mucho nuestro presupuesto". Y añade: "Esto habría sido especialmente así en el caso de un traspaso de Cercanías con poca o nula cobertura financiera".

Es decir, Pujol deja claro que se habló de un posible traspaso de Cercanías, sin precisar si eso se hizo sólo cuando CiU planteó la posibilidad o hubo otros momentos como, por ejemplo, el sugerido por Mercè Sala en el que la iniciativa partió de la Administración central. El problema era que la hipotética transferencia se haría sin "cobertura financiera", lo que hubiera representado un problema más para la ya debilitada tesorería del Gobierno de Cataluña.

En lo demás, Pujol se mantiene fiel a la interpretación de la sentencia hecha por juristas afines a CiU que insisten en que el artículo 11.9 del Estatuto de 1979 dificultaba el traspaso. Este artículo atribuía a la Generalitat la competencia en "ordenación del transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, aunque discurran sobre las infraestructuras de titularidad estatal" y añadía "sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado". Estos juristas interpretan que "sin perjuicio" equivale a "sin perjudicar".

Por otra parte, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona emitió ayer un comunicado en el que expresa su satisfacción por el anuncio del Ministerio de Fomento en el sentido de que los retrasos de más de 15 minutos harán que se dé otro billete a los afectados.