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Apoyo unánime a la futura ley de subvenciones

La Comisión de Economía del Parlamento de Galicia aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley de subvenciones con el que la Xunta quiere regular el procedimiento de concesión de ayudas e incrementar la transparencia en la gestión de los recursos públicos. El grupo parlamentario popular confirmó su respaldo a la iniciativa después de que socialistas y nacionalistas decidiesen aceptar o transaccionar 20 de las 36 enmiendas que presentaron al articulado del proyecto de ley.

La decisión de la comisión deja la aprobación definitiva de la ley en manos del pleno del Parlamento, en el que, aun dando su apoyo al texto, el PP defenderá las 15 enmiendas que los grupos que apoyan al Gobierno no han querido incorporar a la futura ley, en la mayoría de los casos con el argumento de que recogen disposiciones ya previstas en leyes básicas.

El proyecto de ley de subvenciones forma parte del paquete de medidas promovidas por la Xunta destinadas a la "regeneración democrática" de Galicia, que incluye la Ley de Transparencia aprobada el verano pasado y la ley reguladora de la publicidad institucional cuya redacción ultima estos días el Gobierno de Emilio Pérez Touriño.

Una de las novedades más destacadas de la ley es la obligación de dar publicidad a las bases reguladoras y a la concesión de las subvenciones a través de las páginas web de los distintos de departamentos de la Xunta. La gestión de las subvenciones tendrá que seguir los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Cuando la ley entre en vigor será de aplicación con carácter general el principio de concurrencia competitiva, excluyendo la concesión directa de subvenciones salvo en los casos es los que exista dotación nominativa presupuestaria o que existan razones concretas de interés público.

La normativa que tramita el Parlamento introduce también la obligación de formular las bases programáticas, los objetivos y los efectos que se quieren conseguir con las ayudas, incrementa los procedimientos de control financiero y de reintegro y establece que la justificación del cumplimiento de las condiciones asociadas a cada subvención deberá ser documentada fehacientemente,

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