La fiscalía investiga censos inflados en pueblos de Castellón claves para la reelección de Fabra

El Instituto Nacional de Estadística (INE) investiga empadronamientos masivos en una decena de municipios de Castellón gobernados por el PP. Las irregularidades ya han sido remitidas a la fiscalía, que ha abierto diligencias para precisar si existe o no fraude electoral. Son, en su mayoría, pueblos con menos de 1.000 habitantes donde pocos votos pueden variar el signo del gobierno local. Algunos de estos municipios están ubicados en partidos judiciales clave para determinar si el popular Carlos Fabra, imputado por varios delitos, sigue presidiendo la Diputación Provincial.

Fabra obtendrá, seguro, su plaza de concejal, imprescindible para ser diputado provincial, ya que figura como número 3 en la candidatura de Castellón. El PSPV-PSOE considera que los empadronamientos masivos forman parte de una "trama urdida" por la dirección provincial del PP, que lidera el propio Fabra, para arrancar votos, aunque sea de 50 en 50.

La Diputación de Castellón está compuesta por 27 diputados de los que 15 corresponden al PP, 11 al PSPV y dos al Bloc Nacionalista Valencià. El reparto de hasta 22 de ellos está más o menos definido. Sin embargo, otros cinco diputados están "en el aire" y su designación, para uno u otro partido, dependerá de resultados que se prevén muy ajustados en sus partidos judiciales correspondientes.

Los socialistas han presentado denuncias por empadronamientos masivos en ocho municipios, mientras que Esquerra Unida del País Valencià lo ha hecho en un noveno y el Bloc en el décimo. El PP no ha presentado ninguna denuncia. Según los datos del INE sobre los censos de españoles, existen al menos otros dos municipios en los que el incremento en el número de electores ha sido del 8,5% y de más del 10% en los últimos seis meses, con la inclusión de alrededor de medio centenar de nuevos votantes en poblaciones con censos de menos de 555 personas. Sin embargo, el PSPV sólo ha podido "alertar" al INE de estos aumentos ya que el PP se niega a facilitar los padrones municipales, acogiéndose a la Ley de Protección de Datos.

Sin respuesta

Tras la presentación de las denuncias, el INE ha reclamado a los consistorios que certifiquen si han realizado las comprobaciones necesarias a fin de determinar que las altas en el padrón municipal formuladas en los últimos meses corresponden a personas que viven realmente en los domicilios que señalan, ya que esta labor corresponde a las administraciones locales. Sin embargo, después de casi dos meses, el organismo estadístico aún no ha obtenido respuesta de tres de los municipios, en los que se han registrado, en los últimos seis meses, un incremento en el número de votantes españoles de un 7,5%, en el menor de los casos. Según fuentes del INE, los ayuntamientos de Vall d'Alba, Fanzara y Salzadella, aún no han enviado su informe.

En Vall d'Alba, población de la que es alcalde el también vicepresidente de la Diputación de Castellón Francisco Martínez, se incorporaron al censo en los tres últimos meses de 2006 medio centenar de personas, mientras que en los dos últimos meses lo han hecho otros 80 españoles más, en un municipio en el que votan menos de 2.000 personas. El caso de Fanzara es aún más evidente ya que prácticamente ha duplicado el censo de electores. El municipio, con una población en 2006 de 280 personas, de las que 245 tenían derecho a voto, se ha pasado a los 402 que figuran en el último censo de españoles cerrado. En Salzadella (800 habitantes), la denuncia del incremento, aún siendo menor, se ha acompañado de imágenes de los domicilios en los que, supuestamente, viven algunos de los más de 50 nuevos censados y que corresponden a casas inhabitables, locales o, incluso, solares.

El INE solicita la información a los ayuntamientos y, posteriormente, ratifica, con sus propios técnicos, que los datos facilitados en la solicitud de altas del padrón son verídicos. En el caso de Cabanes (2.700 habitantes), la denuncia no sólo fue presentada ante el INE sino también ante la fiscalía, ya que los domicilios de algunos de los "nuevos vecinos" se corresponden con los del alcalde del PP, Artemio Siurana, familiares suyos y otos dirigentes locales. La fiscalía ha abierto diligencias penales sobre este caso.

La última denuncia corresponde a Sant Jordi, municipio presidido por otro de los vicepresidente de la Diputación, Luis Tena. En un pueblo de apenas 700 habitantes han aparecido 250 nuevos votantes desde 2004, de los que 185 son inmigrantes.

En pleno proceso de investigación se encuentran también Argelita, Pobla de Benifassà, Santa Magdalena, Sant Rafael del Riu, Montanejos o El Toro.