Asuntos Sociales ha destinado 185 millones en cinco años a proyectos de las ONG

El Gobierno aseguró ayer que los controles a los que somete a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que reciben fondos públicos hacen muy difícil que puedan desviar el dinero hacia otros fines que no sean los asignados. El Departamento de Asuntos Sociales ha destinado un total de 185 millones de euros entre 2003 y este año a proyectos de cooperación de las ONG con el Tercer Mundo. En un momento en el que las dudas acosan a estas organizaciones debido a los escándalos protagonizados por Anesvad e Intervida, el Gobierno rompió ayer una lanza a favor del resto de ONG. "Los fondos públicos que se destinan a estas organizaciones son ejecutados y justificados al 100%", aseguró el director de Cooperación al Desarrollo, Igor Irigoyen.

La previsión de Asuntos Sociales es dedicar 39 millones de euros este año a la cooperación, que se sumarán a los 21 que han consignado el resto de administraciones vascas, diputaciones y ayuntamientos. Irigoyen, consciente de la preocupación entre los ciudadanos por las supuestas irregularidades en la gestión económica de Anesvad e Intervida, recalcó que la mayor parte de las ONG se nutren de subvenciones públicas, "por lo que están sujetas al régimen de fiscalización del gasto público dirigido a reducir al mínimo las posibilidades de desvío de fondos".

Financiación privada

En el caso concreto de Anesvad, recordó que el Gobierno le concedió una subvención de 99.000 euros en 2003 para un proyecto en la India y otra de 77.000 en 2001 para México. Ambas se han resuelto sin problemas, con todos los justificantes en orden. En 2002, se le denegó una ayuda para un proyecto en la India. En cuanto a Intervida, Asuntos Sociales le ha concedido ayudas para dos proyectos en 1998 y ha rechazado otros seis.

Irigoyen destacó que los casos de ambas ONG son excepcionales, ya que en su mayoría se financian con aportaciones privadas y apenas recurren a las ayudas públicas. Ninguna de las dos forma parte de la Coordinadora de ONG de Euskadi. Su presidenta, Puri Pérez, explicó que eso se debe a que "no reúnen las condiciones suficientes para ello, como la suscripción de un código ético y de unos mecanismos de control".

El Gobierno no ha abierto ningún expediente sancionador a ONG en el último lustro por mal uso de los fondos públicos. Además de presentar la justificación del proyecto, las ONG deben entregar una documentación exhaustiva acreditando los gastos que se van a realizar. Posteriormente, deben entregar todas las facturas y siempre están sujetas a una visita del personal técnico del Gobierno a la zona donde se realiza el proyecto para comprobar que se ajusta a lo estipulado.

Ruiz indicó que las ONG de la Coordinadora cuentan con mecanismos de control que ni siquiera son exigidos a nivel legal para demostrar su transparencia.