Disputas burocráticas retrasan la Unidad Militar de Emergencias

Cuando se encuentre plenamente operativa, la Unidad Militar de Emergencias (UME) deberá estar lista para salir en un máximo de 60 minutos y hacer frente a una catástrofe. El Boletín Oficial del Estado (BOE) es, sin embargo, mucho más lento. Hasta ayer, habían transcurrido 25 días sin que publicara el Protocolo de Intervención de la UME, que el Consejo de Ministros aprobó oficialmente el 23 de marzo.

Si el BOE ha demorado la publicación del protocolo, que regula las normas de intervención de la nueva unidad militar, no ha sido por falta de papel. El texto legal -un real decreto del Ministerio de Presidencia con su correspondiente anexo- sólo requiere unas pocas páginas de la gaceta oficial, que el pasado lunes, por ejemplo, incluía cuatro decretos fechados el 13 de abril; es decir, tres semanas después de la teórica aprobación de la norma sobre la UME.

La razón de este retraso, según fuentes gubernamentales, está en la disputa, de carácter más bien burocrático, sobre la dependencia de los 14 hidroaviones Canadair CL-215T, más conocidos como apagafuegos o botijos. Estos aparatos, que son operados por el Grupo 43 del Ejército del Aire pero pertenecen al Ministerio de Medio Ambiente, se incorporarán a la UME, que tiene previsto adquirir 10 hidroaviones CL-415, más modernos que los anteriores, para formar una única flota de 24 apagafuegos en 2010.

El texto del decreto prevé incluso una modificación del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, para que el dinero que paga al Ejército del Aire por el mantenimiento de sus hidroaviones sea transferido al departamento de Defensa.

Sin embargo, la disputa por el control de los hidroaviones llegó a la propia mesa del Consejo de Ministros, donde se zanjó con una fórmula salomónica: los 14 hidroaviones de Medio Ambiente dependerán del Ministerio de Defensa "durante el tiempo que sean utilizados por la UME", según la nota que difundió aquel mismo día el departamento que dirige José Antonio Alonso. "Cuando no sean empleados por la UME", agregaba, "seguirán desarrollando las funciones que hasta ahora venían desempeñando en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente".

La fórmula supone que los apagafuegos tendrán doble sombrero y trabajarán "a tiempo parcial" para la UME y para Medio Ambiente, lo que plantea más problemas de los que resuelve. Por ejemplo, habrá que aclarar quién, cuándo y en qué condiciones decide que Defensa tome el control de un hidroavión que esté prestando servicio para Medio Ambiente.

Despliegue territorial

El problema de fondo, según los expertos, radica en que las comunidades autónomas se han acostumbrado a que algunos de estos aviones estén desplegados en su territorio durante la época de incendios forestales, como medida de carácter preventivo y aunque no haya fuegos que apagar, por lo que se resisten a perderlos de vista con una gestión más centralizada como la que conlleva la UME.

La prueba de la complejidad del asunto es que se ha perdido casi un mes desde que el protocolo se aprobó en el Consejo de Ministros hasta su publicación en el BOE, condición indispensable para que entre en vigor.

La unidad no ha parado en este tiempo su proceso de constitución. El jefe de la misma, el teniente general Fulgencio Coll, asistió ayer en la base del Ferral (León) a la toma de posesión del teniente coronel que estará al mando del batallón preparado para atender cualquier emergencia en todo el noroeste de España, y el día 11 hizo lo mismo en la base de Morón (Sevilla) con el batallón del sur.

Sin embargo, todo el desarrollo legal está pendiente de la puesta en marcha del protocolo. Desde la orden del Ministerio de Defensa, que debe fijar la dependencia orgánica de la UME, hasta la firma de convenios de colaboración con administraciones públicas (ayuntamientos y comunidades autónomas) o entidades privadas.

Y el tiempo apremia, ya que sólo quedan dos meses para el verano. Aunque la unidad no estará plenamente operativa hasta 2008, el compromiso es que a finales de junio esté ya disponible una compañía (unos 300 militares) por cada uno de los cinco batallones con que contará en el futuro, de forma que la próxima campaña de incendios forestales constituya su bautismo de fuego.

El éxito o fracaso de esta unidad, que tendrá más de 4.000 miembros y un coste superior a los 900 millones de euros, dependerá en gran medida, como reconocen sus responsables, del acierto de estos primeros pasos.