El juez investiga irregularidades en el Ayuntamiento de Torremolinos

La mayoría absoluta de que disfruta el alcalde de Torremolinos (Málaga), Pedro Fernández Montes (PP), no le ha servido para evitar que un juzgado de instrucción de la ciudad haya decidido investigar una serie de supuestas irregularidades denunciadas por el PSOE y que podrían constituir delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y contra la hacienda pública. La querella de los socialistas se dirige contra el regidor así como contra su equipo de gobierno y los gerentes de las empresas municipales.

El juzgado de instrucción número 4 de Torremolinos decidió el pasado 26 de febrero incoar diligencias previas y dar traslado al fiscal del texto de la querella presentada por el grupo socialista. En su denuncia, el PSOE, relata una serie de supuestas ilegalidades en la gestión municipal por las que piden al juez que decrete el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 1.000 euros de los responsables..

El primero de los hechos denunciados es un convenio urbanístico de junio de 2004. En este acuerdo, el Ayuntamiento cede a la empresa FCC una finca municipal de 30.472 metros cuadrados de techo edificable a cambio de que la antigua compañía adjudicataria del servicio de recogida de basuras suspenda 14 procedimientos judiciales interpuestos contra el Consistorio por impago de 6,9 millones..

El PSOE recuerda en su escrito al juez que en 1996 el Pleno aprobó pagar esta deuda consignándola cada durante diez años en los presupuestos locales. Sin embargo, esta forma de pago acabó convirtiéndose en una adjudicación directa de suelo, algo expresamente prohibido por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Además, afirma que la ley prohíbe utilizar dinero obtenido en la tasación de bienes de dominio público para hacer frente a determinados gastos corrientes.

El segundo caso que denuncia el PSOE es que el Ayuntamiento no refleja en sus presupuestos en ningún momento la deuda de dos millones de euros que mantiene con Astosam, la empresa municipal de aguas privatizada en un 50%. Esta supuesta falsedad de documento público ha permitido al municipio, seguir superando los límites de endeudamiento y préstamos.

El tercer capítulo de su querella lo dedican los socialistas a la gestión de las diferentes sociedades anónimas municipales. Sobre la empresa de limpieza, Litosa, aseguran que elude la obligación de emitir facturas por sus servicios "y lo más grave es que ni cobra ni percibe el impuesto del IVA que posteriormente tenía que ingresar en las arcas públicas". De acuerdo con el balance de 2005, el importe de la prestación de este servicio ascendió a 8,7 millones de euros, por lo que, según el PSOE, "el IVA que debería haberse declarado e ingresado en la Hacienda Pública por Litosa ascendería a 1,2 millones, importe que no consta que haya sido ingresado".

En cuento a Samset, sociedad anónima municipal de servicios de Torremolinos, que ya ha sido sancionada por la Agencia Tributaria por infracciones del IVA, el juez deberá investigar supuestas prácticas irregulares en la contabilidad y contratación de obras y servicios. El PSOE denuncia que se han realizado trabajos sin encargo por escrito o con fechas de encargo posterior a la ejecución de los trabajos.

Además, las empresas municipales no han declarado el 16% de IVA de las subvenciones que reciben desde el Ayuntamiento, como es su obligación, por lo que se ha dejado de recaudar en 2005 un importe cercano a los dos millones de euros, según el PSOE.

El escrito hace referencia también a la "adjudicación de obras y servicios sin que conste procedimiento de contratación" y a pagos realizados en 2005 correspondientes a gastos de ejercicios anteriores.