Los ecuatorianos dan al presidente Correa manos libres para reformar el Estado

El proyecto del presidente Rafael Correa para cambiar de raíz el modelo de Estado ecuatoriano recibió un amplio apoyo en la consulta popular del domingo, que ayer el recuento oficial de votos se encaminaba a corroborar. Se ha abierto en Ecuador un proceso para elaborar una nueva Constitución que redefina el modelo político del país y, sobre todo, el económico. Correa quiere desterrar el modelo neoliberal, al que hace responsable de que el 45% de la gente sea muy pobre, y fundar una "economía social y solidaria".

El recuento oficial de la consulta popular del domingo iba anoche por el 73% de las mesas escrutadas y la opción del sí a la convocatoria de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna obtenía el 81,5% de los votos. Al margen del resultado final, el proyecto de Correa para redefinir el Estado ya está en marcha.

"Ecuador ha dicho sí al futuro (...) El país ha cambiado, el miedo quedó atrás, y esa vieja táctica de las mafias de sembrar la incertidumbre ha fracasado nuevamente (...). Tengan la seguridad de que aquí hay un presidente que sólo quiere ser un instrumento del poder ciudadano para sacar la patria adelante y que jamás permitiré que ningún modelo extranjero se imponga en la patria", sentenció Correa. Como botón de nuestra de esto último, el presidente anunció que el jueves Ecuador cancelará los nueve millones de dólares (6,6 millones de euros) que le debe al Fondo Monetario Internacional (FMI) -"para no saber nada más de ellos"-, y amenazó con expulsar del país al representante del Banco Mundial si se comprueba que "chantajeó" al anterior Gobierno del presidente Alfredo Palacio para concederle un crédito en 2005.

Correa culpa a los organismos internacionales de forzar al país a adoptar una política neoliberal que ha dejado en la pobreza a casi la mitad de los 14 millones de ecuatorianos y que ha obligado a casi cuatro millones a emigrar. "Lo que la sociedad demanda es una reforma del Congreso, la revisión de los procesos para integrar el Tribunal Electoral y la Fiscalía, y sobre todo del modelo económico", explica Edward Vargas, uno de los juristas a los que Correa ha encargado redactar el borrador de la nueva Constitución.

"El nuevo texto en ningún caso cambiará los derechos fundamentales, la nueva Constitución no retrocederá respecto a la anterior, sino que avanzará poniendo énfasis en la economía (...). La Constitución de 1978 consagraba un Estado centralista y con gran injerencia en la economía y la de 1998 mantuvo los recursos en poder del Estado pero otorgó su gestión al capital privado", añade Vargas. ¿Qué harán, volver al modelo de hace 30 años o ir por el camino del medio? "Aún es pronto para saberlo", responde Vargas.

"Básicamente, el Gobierno quiere un Estado mucho más presente en la economía, sobre todo a través de un aumento del gasto público", explica el economista Walter Spurrier, que estudió en detalle el programa económico que Correa esbozó a principios de mes y que quedará afianzado con la Constituyente. El Gobierno ha dado a entender que quiere eliminar las barreras legales para aumentar el gasto y una cuenta única del Estado que incluya los ingresos petroleros y las reservas de divisas, una especie de caja única que suena bastante parecida a la que tiene el Gobierno venezolano. De concretarse esta cuenta, iría en detrimento de las funciones e independencia del Banco Central, según los analistas.

Correa avisó de que iba a revisar las privatizaciones y concesiones del Estado para que éste recupere los sectores "estratégicos": petrolero, minería, electricidad y telecomunicaciones. "No obstante", afirma Spurrier, "la medida de más importancia será la de eliminar a las empresas privadas del negocio de la distribución de carburantes y gas". Si esta medida se concreta, las más afectadas serán Repsol YPF, la italiana AGIP, la colombiana Trepel, la peruano-chilena Primax, y ExxonMobil.