Treinta grupos forman la Iniciativa pola Memoria

Presentar un manifiesto conjunto en las cámaras gallega y española, crear una federación de colectivos gallegos para reducir la fragmentación del mundo asociativo e impulsar una ley adaptada a la tipología de la represión en Galicia, son algunos de los primeros pasos de Iniciativa Galega pola Memoria. La etiqueta, coyuntural, engloba a 32 asociaciones gallegas que trabajan en las diferentes áreas de recuperación de la memoria histórica en Galicia, ligada a la represión durante la Guerra Civil y el franquismo.

"Entendemos que la represión de la dictadura llega hasta 1977 y comprende represiones de todo tipo: política, sindical, social, moral, educativa o económica", según señalan en el comunicado de presentación. El primer proyecto conjunto de la Iniciativa es el pronunciamento sobre la Ley de Memoria Histórica, a trámite en el Congreso, y que ya registra más de 200 enmiendas. En Iniciativa Galega están representados, entre otros, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, Fundación Luis Tilve, Memoria Vigo 1936 y otros colectivos de Santiago, Cangas, Marín, Pontevedra, Lugo, Muros, Noia o Ponteareas.

Para Xoán Carlos Garrido, del colectivo Siñor Afranio, que representa a diez asociaciones de Pontevedra, "el problema es la crispación". "Esta memoria no es algo sentimental. Franquismo y fascismo son homologables a efectos políticos, y sobre la negación de esa identidad se tuvo que construir la llamada Transición", apunta.

El artículo 7 del proyecto de Ley de Memoria prescribe la omisión "de toda referencia a la identidad de cuantas personas hubiesen intervenido en los hechos o en las actuaciones jurídicas que dieron lugar a las sanciones o condenas". Éste y el 25, que regula el derecho de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados, ocupan algunos de los 11 puntos del pronunciamento común de Iniciativa Galega sobre el proyecto. Las asociaciones piden la aplicación del derecho internacional sobre las víctimas de la represión franquista, "incompatible con cualquier mecanismo de impunidad previsto en el articulado de la Ley".

"La ley debería asegurar el acceso de los historiadores a los registros civiles", señaló Dionisio Pereira, que hizo mención a las "dificultades judiciales" de algunos investigadores en Vigo, Santiago o Ferrol.