El Gobierno y los agentes sociales ultiman un acuerdo para frenar la siniestralidad laboral

El trabajo está cada vez más tecnologizado, pero los accidentes laborales no remiten. Para intentar frenar la siniestralidad, el Gobierno ultima un acuerdo con la patronal y los sindicatos centrado en la pequeña y mediana empresa, que representa el 90% del total. El texto refuerza la figura del delegado de prevención, que podrá actuar en las sociedades de menos de 50 empleados. En la actualidad ese segmento escapa a los planes de seguridad. La siniestralidad es la mayor lacra del mercado laboral en España, con casi 1.000 muertos y un millón de accidentados al año.

El 94% de las empresas en España tiene menos de 20 asalariados, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Pese a constituir la mayoría, las normas de prevención de riesgos laborales son muy laxas para ese colectivo. El Gobierno y los agentes sociales intentan salvar ese vacío legal con un acuerdo que refuerce el papel de los delegados de prevención en las pequeñas empresas. El texto está pendiente de un último pacto entre patronal y sindicatos sobre el modo de regular esa figura, según fuentes de la negociación.

El empleado de una pequeña empresa tiene el doble de posibilidades de accidentarse, a juicio de los sindicatos. En la actualidad, las sociedades con más de 50 trabajadores están obligadas a designar delegados de prevención, unos representantes de los empleados cuya misión es vigilar el cumplimiento de la ley y colaborar con la dirección en la prevención de riesgos. Esos delegados realizan su labor respaldados por el comité de empresa, que opera en las empresas con más de 50 empleados.

La situación es diferente en las de menor tamaño. También cuentan con esta figura, pero sus misiones recaen en el delegado de personal. En la práctica, esta duplicidad de competencias convierte en papel mojado las atribuciones sobre prevención de riesgos, señalan fuentes sindicales.

Con la nueva norma, enmarcada en la estrategia española contra la siniestralidad laboral que se presenta en Bruselas, la figura de los delegados cobra mayor peso. Habrá dos tipos: sectoriales y territoriales, elegidos por los sindicatos y los empresarios. Se intenta con esta fórmula neutralizar el recelo que la figura había creado en la CEOE, que temía por que los delegados de prevención se convirtieran en una representación sindical en la sombra. Comisiones Obreras, UGT y CEOE mantienen reuniones bilaterales para consensuar este apartado, el más espinoso de la estrategia de siniestralidad. El Ministerio de Trabajo confía en que supere el escollo y se pueda firmar el acuerdo en mayo.

Atención especializada

En caso de que no haya acuerdo, el Gobierno regulará igualmente la figura de los delegados. La idea es que los sectoriales se especialicen en las necesidades de las empresas en función de la actividad que desarrollen y que los territoriales lleguen allí donde los sectoriales no alcancen. Los delegados no tendrán capacidad sancionadora (esa misión se reserva a los inspectores de Trabajo), pero sí podrán controlar la labor de la empresa, emitir recomendaciones y concertar con la dirección la estrategia para combatir los accidentes.

Este tipo de delegados ya ejerce en algunas comunidades autónomas como Navarra y su misión ha contribuido al descenso de los accidentes de trabajo. El reto ahora consiste en trasladar esos logros a todo el país, pues la siniestralidad sigue manteniendo cotas insoportables en un Estado desarrollado. El año pasado, 966 personas perdieron la vida en su puesto de trabajo, prácticamente igual que en 2005. Y cerca de un millón de personas sufrieron algún tipo de siniestro. Estas cifras suponen más de seis muertes por cada 100.000 afiliados a la Seguridad Social, una proporción que prácticamente duplica la que se registra en la Unión Europea.

Además de los delegados de prevención, la estrategia española contra la siniestralidad laboral incluye más de 90 medidas para acercar las estadísticas españolas a las comunitarias. Entre ellas destaca el compromiso de reforzar la Inspección de Trabajo, la aplicación de políticas públicas, especialmente en el ámbito educativo, para prevenir los riesgos y mejoras en la formación.