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Un juez cita al alcalde de Burriana como imputado por prevaricación

Alfonso Ferrada y su concejal de Urbanismo declararán en junio

María Fabra

El titular del juzgado número 1 de Vila-real ha admitido a trámite la querella presentada por el PSPV de Burriana contra el alcalde del municipio, Alfonso Ferrada (PP), otros dos concejales y un promotor ante la posible comisión de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, cohecho, contra la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente, de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos y de negociaciones y actividades prohibidas.

El juzgado ha llamado a declarar en junio a Ferrada, actual secretario de Política Económica y Empleo de la ejecutiva del PP que lidera Francisco Camps; y al actual concejal de Urbanismo, Javier Perelló. Ambos acudirán al juzgado en calidad de imputados.

La denuncia apunta a un pacto para adjudicar el PAI de Port Pedrera a Salvador Esteve

En septiembre, serán interrogados el concejal de Fiestas, Pedro Luis Sancerni, y el promotor Carlos Esteve, supuesto beneficiario de algunas decisiones del equipo de gobierno del PP.

Las actuaciones entorno a este promotor fueron las que llevaron, a que una de las ediles del equipo de gobierno de Ferrada presentara su dimisión. Mariola Aguilera dejó su acta de concejal sino y solicitó la baja en el partido. Varios vecinos de Burriana que trabajan en la presentación de una candidatura independiente siguieron su ejemplo.

La crisis en el PP local y las maniobras urbanísticas desarrolladas por el alcalde provocaron que el propio Ferrada anunciara su decisión de no volver a presentarse como candidato a la alcaldía de Burriana. La lista municipal sí incluye a Javier Perelló, con lo que el PP suma un concejal más a su particular lista de candidatos imputados por supuestos delitos.

La portavoz del grupo municipal socialista de Burriana, Iolanda Porcar, difundió ayer la decisión del juzgado de admitir a trámite la denuncia ante la posibilidad de que los hechos relatados puedan ser constitutivos de delito.

La querella, además, solicita al juez que investigue la posible existencia de una cuenta en un banco de Andorra a nombre de Alfonso Ferrada, su esposa y el padre de ésta, así como las declaraciones de renta de todos los acusados. Al ser preguntado por esa cuenta, el alcalde de Burriana negó ser titular de ninguna cuenta abierta en aquel principado pero dijo no tener "ni idea" de si su esposa o su suegro figuran como titulares de cuentas en la Banca Privada de Andorra (Andbanc).

La querella se presentó a raíz de la irregular tramitación y aprobación del PAI Pedrera Port, que, según la denuncia, vino precedida por negociaciones entre el alcalde y la empresa adjudicataria. Según el escrito, el alcalde "ocultó" una propuesta urbanística anterior y un informe sobre la afección de zonas húmedas.

La portavoz socialista reiteró ayer: "Nuestra obligación era dejar la causa en manos de quien puede valorar de forma ecuánime, en manos de la justicia". Iolanda Porcar insistió en que su objetivo era y sigue siendo que "los ciudadanos de Burriana no sean los perjudicados". "Burriana no se merece a estos gobernantes", dijo antes de expresar su confianza en que el procedimiento judicial se desarrolle con premura para que no se convierta en el caso Fabra 2. En alusión a las dilaciones en la causa contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

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