El Gobierno catalán y la oposición negocian un pacto para la vivienda

El Gobierno catalán negocia con la oposición, promotores, constructores y sectores financieros un pacto para la vivienda. El objetivo es que abarque un periodo más amplio que el de la legislatura y se prolongue hasta 2016. El Ejecutivo marca como deseable la construcción de 160.000 viviendas protegidas, 50.000 de ellas en los cuatro primeros años. Todos los partidos, salvo el PP, han expresado su predisposición al acuerdo.

Cataluña tiene 7,2 millones de habitantes, que serán 7,6 millones en 2010 y llegarán a 8,2 millones en 2016. Durante estos años se generará la necesidad de 236.000 nuevas viviendas, de las que 141.600 deberían tener alguna ayuda. El objetivo propuesto por el Gobierno catalán es que se construyan 160.000 viviendas con diversos tipos de protección.

El primer punto hace referencia al programa general de construcción de viviendas protegidas, así como a la obtención del suelo necesario para ello. El punto de partida es la movilización en los 10 años de vigencia del plan de suelo suficiente para poder construir 400.000 viviendas, de las que 250.000 deben ser protegidas.

El Instituto Catalán del Suelo destinará entre el 50% y el 75% del nuevo suelo que consiga a vivienda protegida y los ayuntamientos deberán comprometerse a aportar los mismos porcentajes. Paralelamente, el Gobierno catalán tratará de lograr convenios con otras administraciones para que lleguen al mercado de alquiler protegido viviendas que no estén siendo usadas.

De las 160.000 viviendas protegidas a construir hasta 2016, 50.000 deberían hacerse en esta legislatura. Un 40% debería ser de alquiler con tiempos diferenciados: desde los 10 años a otros de 25 y otros más que tengan mayor duración. El 60% restante estará destinado a la venta en modalidades diferentes. Además, se incluirá la posibilidad de viviendas de alquiler con opción a compra. El porcentaje de alquiler es uno de los objetos de litigio, ya que CiU y Ciutadans desarían que fuera mayor que el recogido en el plan.

El Gobierno catalán propone un sistema de avales públicos para el alquiler. El objetivo es conseguir que lleguen al mercado hasta 40.000 viviendas que hoy permanecen desocupadas, aunque esta cifra se reduce a la mitad (20.000) para la actual legislatura.

El documento describe un futuro "reglamento de solidaridad urbana" que palie las dificultades de amplias capas de la población para acceder a una vivienda digna. Este reglamento establecerá la participación solidaria de los ayuntamientos. Los de más de 3.000 habitantes deberán tener un 15% del parque de viviendas destinado a actividades sociales, si bien el horizonte para llegar a esta situación es el año 2020. Los municipios que tengan dificultades económicas para alcanzar este porcentaje contarán con la ayuda de un fondo de solidaridad que creará la propia Generalitat y que se alimentará de las sanciones que abonen los municipios que incumplan la norma.

Una de las vías por las que los municipios podrán hacerse con viviendas para destinar a políticas sociales será la posibilidad de ejercer el tanteo y retracto sobre las operaciones de compraventa. En cambio, desaparece del plan la posibilidad (incluida en la ley en trámite parlamentario) de expropiación en determinados supuestos.

La política de ayudas deberá alcanzar en los 10 años de vigencia del plan a unas 140.000 familias: 40.000 para alquiler de la primera vivienda (30.000 en la legislatura) y 100.000 para ayudas a la rehabilitación, compra de la primera vivienda o préstamos para la emancipación. El plan propone otras 20.000 ayudas para personas en riesgo de exclusión, además de otras 15.000 ayudas personalizadas para gente que no pueda hacer frente al coste del alojamiento.